Como un retroceso a la democracia del país catalogó ayer la procuradora separada, Ana Matilde Gómez, la implementación de la ley que impone penas de entre seis meses y dos años de prisión a los que cierren calles y utilicen métodos de violencia que afecten la propiedad privada o estatal.
"Me parece que es una ley innecesaria. En las democracias las libertades no se penalizan, se respetan, si hay un abuso tiene que ser reglamentado", expresó Gómez durante el programa "Debate Abierto".
Gómez dijo que esta nueva ley representa una doctrina contraria a la democracia, porque en el Artículo 38 de la Constitución las autoridades pueden tomar medidas si hay abusos en el derecho de manifestarse, por lo que no había necesidad de tocar el Código Penal.
De acuerdo con la jurista, en democracia "penalizar al disidente es peligroso", porque los mecanismos de control son ineficaces para mantener el orden. Si un funcionario (corregidor, alcalde, gobernador, etc.) no actúa, hay que cambiarlo sin necesidad de modificar las leyes.
A criterio de la ex funcionaria, el problema en Panamá es que no leemos ni respetamos lo que está en la Constitución.
