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EDITORIAL
Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad presenta hoy un informe final que reporta el asesinato de 70 personas durante la dictadura de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Defensa, que gobernó a Panamá hasta diciembre de 1989. Además se advierte que otras 40 personas permanecen desaparecidas.
El organismo designado por el Ejecutivo el 18 de enero del año 2001 para esclarecer los casos de opositores que desaparecieron durante el régimen militar, gran parte de ellos durante los primeros años del llamado "proceso revolucionario", que asaltó el poder en 1968, debe entregar su informe a la presidenta Mireya Moscoso y al procurador José Antonio Sossa.
Algunos de los casos que debe resumir el informe de 700 páginas fueron denunciados en 1977 cuando nos visitó una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Han pasado muchos de esos hechos. Algunos propugnan por el perdón, pero nunca olvido. Hay que comprender la frustración de los familiares de esos desaparecidos ante la impunidad que impera frente a lo sucedido a sus parientes.
Panamá, durante la época oscura de 1968 a 1989, vivió bajo la sombra de la opresión. Los descubrimientos de fosas clandestinas en los cuarteles de Los Pumas de Tocumen se han levantado con el dedo acusador hacia los castrenses, que han preferido mantener el código de silencio, en vez de liberar sus conciencias.
El trabajo de la Comisión de la Verdad no fue fácil. Varios de sus miembros renunciaron en el camino, pero al final hay un documento que recoge todas las diligencias que se realizaron para esclarecer algunos de los crímenes de los cuarteles.
En la víspera de la entrega del informe, se ha planteado la posibilidad de que el Estado indemnice a los familiares de los desaparecidos a razón de 50,000 balboas. Es una iniciativa que debe analizarse, pero sin olvidar que debe estudiarse la posibilidad de reabrir las investigaciones de dichos casos.
El trabajo realizado por la Comisión no debe archivarse. El Ministerio Público debe evaluar su algunas de las pruebas recabadas pueden ser acopiadas a las sumarias incompletas que se mantienen en las diversas fiscalías del país. También se debe permitir que personal de la Comisión de la Verdad brinde un seguimiento de los casos recabados por esa instancia. Los crímenes no debe quedar impunes y si no hay la posibilidad de una sanción penal, que los responsables al menos reciban el castigo moral.
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PUNTO CRITICO |
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