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Batalla campal en asentamientos de Divalá
Vielka Cádiz Franco
Chiriquí / EPASA
La adquisición de más de 200 hectáreas de terreno ubicadas en el asentamiento campesino de Limones, en el Corregimiento de Divalá, ha provocado una guerra campal entre unos 17 asentados y 50 familias de la comunidad de Santo Tomás. El asentamiento campesino de Limones fue creado por el gobierno del general Omar Torrijos en el año de 1974 y según una resolución emitida por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Alejandro Posse Martins, los asentados son legalmente los encargados de administrar esas tierras. La disputa comenzó hace aproximadamente tres años, cuando un grupo de residentes en Santo Tomás se acercaron al área para iniciar cultivos en algunas fajas de tierra de ese asentamiento que supuestamente no eran aprovechadas; sin embargo, la acción causó incomodidad entre los primeros habitantes del sector, quienes de inmediato se opusieron porque consideran que eso les pertenece y porque según ello, estos solo la quieren para alquilarla. La situación se ha tornado tan seria y preocupante en los últimos días, que se hizo necesaria la presencia urgente del gobernador de la provincia de Chiriquí, Miguel Angel Fanovich, quien se acercó al área en calidad de mediador, El hecho es que además de los incidentes suscitados hace aproximadamente dos años, cuando se detuvo a dos dirigentes y también dos asentados resultaron heridos a machetazos propinados supuestamente por los moradores de Santo Tomás; en los últimos días se han registrado casos de chozas derribadas, destrucción de alambres y cercas, tierras quemadas y se habla de amenazas de incendiar también los cultivos. Al consultar sobre el tema a la asentada Graciela Alvarez, indicó que ellos ya tienen 26 años de residir en el lugar, tiempo éste que se han dedicado a trabajar la tierra que "ha visto crecer a sus hijos". Alvarez consideró que no es justo que después de tantos años, vengan personas foráneas a pretender apropiarse de esos terrenos que a ellos les ha costado mucho sudor y esfuerzo, porque de la actividad que allí realizan es que dependen. Dijo conformarse con que los precaristas, como los asentados le llaman, desaparezcan de una vez por todas de la región o de lo contrario no descartaron peores enfrentamientos. Sin embargo, los moradores de Santo Tomás rechazan los señalamientos de los asentados y alegan que ellos también fueron víctimas de los mencionados atropellos, cuando solo reclaman dos hectáreas para cada familia, las que en total sumarían 100 hectáreas. Agregan que ellos solo buscan una oportunidad para poder cultivar algún pedazo de tierra y así obtener los ingresos que le permitan llevar el sustento diario a sus respectivos hogares. Por su parte, el presidente del asentamiento, Claudino Guerra, con una expresión enfática manifestó que están dispuestos a "morir o matar", sino le conceden sus derechos, porque según él, las autoridades entre los que mencionó al gobernador Fanovich, no se le han dado importancia al asunto. Al respecto, advirtió que de no recibir una respuesta en el menor tiempo posible que finiquite el conflicto, interpondrán una demanda en contra de la máxima autoridad provincial. El gobernador por su lado, reiteró que corresponderá al ministro de la cartera, Alejandro Posse y al director de Reforma Agraria, tomar la última decisión, porque son los entes competentes. Según Fanovich, la medida que se debe adoptar es que se entreguen 100 hectáreas para los asentados; 100 para las 50 familias y el resto para el gobierno. Lo cierto es que si las autoridades no buscan las alternativas de solución inmediata, la batalla podría agudizarse una vez se haga realidad la amenaza de acabar con los cultivos que se pretenden sembrar en el futuro.
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