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Crece escándalo por corrupción administrativa en Congreso
Bogotá
AFP
El escándalo por corrupción administrativa en el Congreso de Colombia, que llevó al Gobierno del presidente Andrés Pastrana a convocar un referendo que prevé la disolución del Legislativo, creció en las últimas horas con las revelaciones de un detenido funcionario de la Cámara de Representantes. Saud Castro, ex director administrativo de la Cámara, detenido a raíz de las denuncias sobre la adjudicación irregular de 60 contratos de prestación de servicios por 2,7 millones de dólares, en menos de 48 horas en diciembre pasado, inculpó al ex presidente de la corporación legislativa, Armando Pomárico. Otras siete personas, entre funcionarios administrativos y contratistas, han sido detenidos hasta ahora por orden de la Fiscalía General de la Nación, dentro de la investigación que adelanta por el caso. Aunque Pomárico milita en el opositor Partido Liberal, hace parte del sector de esa colectividad política que apoya al Gobierno conservador de Pastrana, y por exhortación de Pastrana, renunció el pasado 25 de marzo a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Representantes tras destaparse el escándalo. De acuerdo con la indagatoria que la Fiscalía le adelantó, y varios de cuyos apartes fueron revelados por el privado canal de televisión Caracol, Castro aseguró que Pomárico intentó comprar su silencio a través de dos abogados, que le ofrecieron un soborno por 200 millones de pesos (unos 100.000 dólares). Además del soborno, según Castro, los abogados de Pomárico le ofrecieron una remuneración mensual de diez millones de pesos (5.000 dólares), "mientras durara el proceso, si yo me abstenía de narrar los hechos". Pomárico, en declaraciones el sábado a los medios de comunicación, tras la publicación de las denuncias del ex director administrativo de la Cámara, las negó enfáticamente, y las calificó de "infamia asquerosa y montaje diabólico". "Es totalmente falso y una solemne mentira que yo le hubiera ofrecido dinero para acallarlo", agregó Pomárico. Además de las sindicaciones contra el dirigente político, Castro también inculpó a varios parlamentarios, contratistas, miembros del Gobierno y subalternos suyos, según lo revelado en la noche del viernes por Caracol, y retomado el sábado por la prensa en general. Entre otros de los involucrados en la indagatoria por Castro, figuran los demás miembros de la mesa directiva de la Cámara, los representantes Luis Norberto Guerra (conservador) y Octavio Carmona (liberal opositor). Castro también denunció que fue amenazado pocas horas antes del interrogatorio y que el ex presidente de la Cámara le exigió recolectar, a través de las "comisiones" que dejaban los contratos, 1.000 millones de pesos (cerca de 500.000 dólares) para financiar su próxima campaña al Senado. "Pomárico me dijo que me encargara, a través de los contratos, de entregarle 1.000 millones de pesos, los cuales necesitaría para su campaña política al Senado en las próximas elecciones", afirmó Castro, siempre según Caracol. De acuerdo con el ex funcionario, que según Caracol se acogió a un programa de "beneficios por confesión", Pomárico se quedaba con el 20% del valor de cada contrato. Según dijo en la indagatoria, él se reunía a puerta cerrada con los tres miembros de la mesa directiva de la Cámara para repartirse la adjudicación de los contratos y las comisiones que les correspondían por cada uno de ellos. Castro se encuentra recluido en los calabozos de la Fiscalía General en Bogotá, acusado de concierto para delinquir, falsedad en documento y violación a la ley de contratación administrativa.
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