La Contraloría General de la Nación puso en jaque a un grupo de ocho fiscales y ex funcionarios del Ministerio Público que violaron la declaración de bienes jurados al ocupar estos cargos.
En una misiva enviada a la Procuraduría de la Nación, tras una consulta realizada por la actual administración, se notificó que al menos ocho fiscales superiores que fungieron durante el período del procurador Giusseppe Bonissi, no declararon 10 días antes sus bienes patrimoniales, ni los 10 días después de abandonar el cargo que ostentaron.
Una fuente consultada confirmó que el procurador José Ayú Prado abrió una investigación, ya que los fiscales que actualmente ocupan las fiscalías como titulares, según la norma, deben ser amonestados.
"Es una falta administrativa", señaló la fuente.
La misma conlleva la suspensión del salario tras el incumplimiento de la Ley.
Entre los fiscales que ocuparon cargos en el Ministerio Público y que no hicieron su declaración de bienes patrimoniales se encuentran: Lediet Machuca, quien estuvo como Fiscal Anticorrupción; César Pereira, encargado actualmente de la Fiscalía Especial del Dietilenglicol; Ricardo Solís, fiscal Contra la Seguridad Colectiva.
A ese grupo se suman la Fiscal Primera de Circuito, Dayra Botello, Cristina Cedeño, fiscal Contra el Honor, Fiscalía Séptima de Circuito Penal; Franklyn Rodríguez también fue fiscal Anticorrupción.
En ese grupo también se encuentra el ex fiscal Auxiliar, Neftalí Jaén, quien renunció al cargo.
Hace un mes fueron notificados los fiscales y ex fiscales de su falta y no podrán cobrar sus emolumentos.
Todos están en la obligación de declarar sus bienes patrimoniales mientras se hace una investigación interna en el Ministerio Público.
