Después de un mes de parálisis, el Congreso reanudó el martes sus sesiones de trabajo tras acoger criterios jurídicos que reconocen como válida la destitución de 57 de los 100 diputados, en una controversial decisión que todavía no es aceptada por los afectados.
La presencia de 63 diputados posibilitó el quórum para instalar la sesión. Los congresistas presentes son de partidos de izquierda, centroizquierda y grupos afines al gobierno, quienes asumieron los cargos de los destituidos.
No estuvieron presentes los legisladores no destituidos de bloques opositores al presidente Rafael Correa.
"Mi decisión, por encima de las amenazas de juicios penales que he recibido para instalar esta sesión, me obliga a estar con el pueblo ecuatoriano y entregar un Congreso funcionando que legisle y fiscalice", señaló el presidente del organismo, Jorge Cevallos.
En tanto, Correa dijo que la Asamblea Constituyente que él promueve servirá para "que se respete la separación de poderes" y "un auténtico estado de derecho" en su país, que a su juicio "no puede salir adelante" con el actual marco constitucional.
"Aquí lo que necesitamos es una Asamblea que presente un nuevo marco institucional, político y jurídico para sacar adelante el país", dijo Correa.
EXPULSADOS
Unos 57 diputados fueron destituidos por presión del gobierno.