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Presidenta de Panamá  |
La presidenta Mireya Moscoso nombró un grupo de profesionales bajo la dirección de Jaime Jácome De la Guardia, quienes se encuentran elaborando las medidas administrativas necesarias para implementar las recomendaciones de la Comisión Presidencial Anticorrupción.
Este grupo tiene a cargo elaborar las resoluciones ejecutivas y correspondientes decretos y proyectos de ley para la aplicación de las recomendaciones.
La Presidenta, en consideraciones hechas al informe preliminar de la Comisión, reconoce que la mayoría de los panameños viven en un ambiente de incredulidad, desconfianza en las instituciones, irreverencia ante la autoridad y exaltación de los anti valores so pretexto del ejercicio y defensa de la libertad de expresión.
"Sin duda, la corrupción existe" señala la presidenta Moscoso, sin embargo, detalla que esta conducta no tiene nada que ver con los esquemas empresariales, sindicales o gubernamentales, sino que se trata del propio ser humano que ha trastocado los valores filosóficos intrínsecos del bien y el mal y abusa de las oportunidades que se le presentan para sacar provecho económico.
Entre las consideraciones de la presidenta Mireya Moscoso está la intención de propiciar un diálogo nacional contra la corrupción, al igual que la creación de la junta para la promoción de la cultura y los valores, el establecimiento del juramento estudiantil y la adopción de un diálogo de ética privado y del fortalecimiento del periodismo.
Sin embargo, la presidenta se mostró en desacuerdo con la creación de una institución de lucha contra la corrupción, ya que según la Mandataria, es una idea contraria al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Moscoso detalla que la corrupción es un delito que deber ser investigado por el Ministerio Público y castigado por el Organo Judicial.
"Crear una institución de lucha contra la corrupción, sería desconocer la capacidad del Ministerio Público para perseguir cualquier conducta punible", agregó.
En cuanto al nepotismo, la Presidenta justificó que "en todo gobierno y en todos los países existe y existirá la práctica de dar a personas cercanas y parientes, cargos y responsabilidades públicas; más en países que se caracterizan por su pequeñez poblacional y por la baja participación política". Consideró que en lugar de criticar el nepotismo, los sectores deben preocuparse porque quienes ocupan los cargos en el gobierno tengan la capacidad, la responsabilidad y la honestidad para ejercer los puestos públicos.
Para ello, Moscoso dijo que es necesario que se fortalezcan las carreras de los servidores públicos enmarcadas en políticas de largo alcance.
En lo que denominó decisiones políticas, Moscoso avaló indirectamente el subsidio a los partidos alegando que es una práctica cada vez más utilizada en los países con democracias avanzadas.
La Presidenta especificó las políticas que le atañen al Organo Ejecutivo como los son la suspensión de contratos directos, incluyendo al Fondo de Inversión Social (FIS), la sustitución de la partida discrecional por un fondo humanitario, control de los pasaportes diplomáticos y oficiales, restricción de viáticos a funcionarios que reciben gastos de representación, fijación de topes al salario de funcionarios, limitación de escoltas, expedición de una ley de sueldo, restricción en el uso de combustible, revisión de los salarios de los miembros de aduanas y migración, divulgación de planilla oficial, entre otras.
A la mayoría de estas recomendaciones la presidenta dijo que las cumpliría en el menor tiempo, pero detalló igualmente que había otras sugerencias que por motivos económicos no compartía.
La eliminación de exoneraciones de automóviles, eliminación de franquicias telegráficas y de telefonía a legisladores, eliminación de los salarios a los legisladores suplentes y la exhortación a los legisladores de la renuncia de su inmunidad, dijo que son responsabilidad de la directiva de la Asamblea Legislativa.
En el caso del salario de los legisladores suplentes, Moscoso reconoció que a este punto es necesario encontrarle una salida conveniente para remunerar a aquellos que cumplen con su trabajo en las comunidades.
Al final de sus consideraciones a este informe, la Presidenta reafirmó su deber de apoyar institucionalmente a cada una de las instancias jurisdiccionales del país. "En consecuencia, apoyar y recomendar investigaciones escapan de mis facultades constitucionales y contravine el propio principio de separación de los poderes del Estado", explicó. |