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Patria se monta en el potro

Carlos Estrada Aguilar ([email protected]) | Crítica en Línea

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Con la toma de posesión, Patria Portugal se convierte así en la primera mujer en ocupar este cargo en Panamá. Previamente ocuparon ese cargo Ítalo Antinori, Juan Antonio Tejada y Ricardo Vargas. (Foto: Jorge Silot/Noriel Gutiérrez )

La defensora del pueblo, Patria Portugal, tomó posesión ayer ante el presidente de la Asamblea, José Muñoz.

El pasado 3 de marzo, el pleno de la Asamblea Nacional escogió a Portugal para ejercer el cargo en el período 2011-2016.

Portugal, hija del asesinado dirigente sindical Heliodoro Portugal, al momento de su elección recibió 48 votos a favor y hubo 15 abstenciones de la bancada del PRD.

Una vez firmó el acta de toma posesión, Portugal prometió hacer justicia a cada ciudadano de este país, para que sus derechos sean respetados".

"La justicia no se pide, sino se exige", expresó Portugal, al afirmar que terminará el trabajo emprendido por Heliodoro Portugal para que se respeten los derechos humanos en el país y nunca jamás se registren casos de desaparición y torturas de ciudadanos por sus ideas.

Indicó que en Panamá a diario se violan los derechos humanos y que llega al puesto para ser una voz que impida que los delitos y abusos queden impunes.

En el acto, estuvieron presentes, además, la vicepresidenta de la Asamblea, Dana Castañeda; el subsecretario, Wigberto Quintero, y el presidente de la Comisión de Gobierno, Hernán Delgado.

La Defensoría del Pueblo fue creada a través de la Ley N.° 7 de 5 de Febrero de 1997 para velar por la protección de los derechos humanos de todos los habitantes de la República de Panamá y actúa con plena independencia y autonomía funcional, administrativa y financiera, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad u órgano del Estado.

La Defensoría del Pueblo, igualmente, puede investigar y denunciar hechos, actos u omisiones de las empresas públicas, mixtas o privadas, personas naturales o jurídicas, que desarrollen un servicio público por concesión o autorización administrativa, que puedan constituir violaciones de los derechos humanos.




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