En un compás de espera se encuentra una controversia legal entre directivos de un consorcio francés y su contraparte local, ligados a una pugna por la construcción y administración de una terminal de transporte en la provincia de Colón.
El Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Troyano, analiza una petición formulada por el Procurador de la Administración, Oscar Ceville, quien solicitó que se declarase nulo el supuesto pago de unos 32 millones de balboas al consorcio francés Ferdinand Lesseps, luego que el ex Director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Pablo Quintero Luna, los desposeyera de la concesión para la construcción y administración de una terminal de transporte en la provincia de Colón.
La concesión fue otorgada el 10 de junio del 2002, pero la ATTT mediante resolución No. 1425, suscrita por Quintero Luna, dejó sin efecto esa resolución sin argumentos válidos, lo que motivó la presentación de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por parte de los franceses.
Sin esperar el fallo de la Corte, el 24 de diciembre de 2003, Quintero Luna adjudicó el proyecto a la empresa Gran Terminal de Transporte Centenario de los señores Gassam Salama y Gilberto Soto, a pesar de la existencia de una opinión de la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro De Fletcher y un escrito del entonces Viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez -Presidente de la junta Directiva de la ATTT- al momento de presentarse el recurso ante la Corte.
El tribunal arbitral Cescon determinó que la ATTT incumplió con el consorcio francés al anular la concesión y dársela a la empresa Gran Terminal de Transporte Centenario S.A., que tenía como parte de su Junta Directiva al ex Gobernador de Colón, Gassam Salama y al dirigente transportista Gilberto Soto.
La actitud asumida por Quintero Luna al incumplir el convenio con el grupo francés, obliga al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.
En la documentación evaluada en el arbitraje se aportó como evidencias del incumplimiento una nota del ex Viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez y una opinión de la ex Procuradora Alma Montenegro De Fletcher, en donde se establece que no existían motivos para rescindir el convenio suscrito entre el grupo francés y la ATTT.
