Ex jefe de PTJ preso en Bogotá
asegura que canciller "le pasa factura"
Caracas
AFP
El ex jefe de la Policía
Técnica Judicial venezolana (PTJ), José Ramón Lazo
Ricardi, preso en Bogotá, aseguró que el juicio en su contra
es "un pase de factura" del canciller José Vicente Rangel,
en una entrevista publicada este martes por el diario El Universal.
"Esto que me está ocurriendo no es más que un simple
pase de factura del canciller", afirmó Lazo Ricardi.
El ex director de la PTJ (investigativa-detectives) fue apresado en
el aeropuerto El Dorado de Bogotá el jueves pasado cuando intentaba
viajar a Miami, Estados Unidos con cuatro armas de fuego sin documentación.
El viernes último la jueza 45 penal Carmen La Riva Ron le dictó
orden de captura al ex jefe policial por presunta corrupción en el
sistema de seguridad social de la PTJ durante su gestión en 1992.
Lazo Ricardi sostendría que es víctima de una persecución
por la investigación realizada entre 1996 y 1997 sobre el asesinato
del yerno de Rangel, quien condenó sus resultados.
El abogado José Alberto Totesaut fue asesinado a tiros en 1996
en el interior de su automóvil por dos pistoleros aún no identificados,
delante de su esposa y su pequeña hija a la que acababa de recoger
del colegio.
Rangel, periodista de profesión (para la época tenía
un programa de televisión y columnas en varios diarios) criticó
severamente la investigación efectuada por la PTJ e incluso al entonces
presidente Rafael Caldera.
El ex jefe policial explicó que el canciller es su "enemigo"
porque la PTJ no inculpó al empresario Rafael Alcántara como
el homicida de su yerno.
La jueza La Riva ordenó la captura de otros seis funcionarios
de la PTJ para la época, incluyendo a la esposa de Lazo Ricardi.
Uno de ellos, el ex jefe de personal Rafael Hidalgo se entregó, pero
la policía busca a los otros cuatro.
Lazo Ricardi, quien pidió asilo en Colombia, aseguró que
regresará al país cuando el caso pase al Tribunal Superior
de Salvaguarda.
Con respecto a las armas, afirmó que un funcionario suyo colocó
las colocó en su maleta sin él saberlo y negó que las
llevara camufladas.
Lazo Ricardi asegura que las armas (dos pistolas y cuatro revólveres,
uno de colección) son de su propiedad, según una disposición
que establece que los funcionarios jubilados con rango superior pueden quedarse
con sus armas de reglamento.
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