No sé si usted, incansable lector, ha observado la facilidad con que se enferman los acusados de supuestos delitos de corrupción contra los bienes públicos en Panamá. Cuando se esgrimen quebrantos de salud como excusa para no presentarse ante la justicia a rendir cuentas sobre actos bochornosos, la mayoría de los ciudadanos, que esperamos se haga un juicio rápido y expedito, nos preguntamos si el argumento de la enfermedad será cierto, o sólo es parte de una farsa para prolongar la decisión de un jurado que saque a relucir la verdad proclamando inocencia, o de lo contrario, mande con sus huesos a la cárcel al delincuente de cuello blanco sorprendido tomando lo que no es suyo.
¿Acaso no es una treta del acusado para ganar tiempo y comenzar a componer la defensa a su favor?
¿Por qué se enferman después de haber cometido su fechoría y no antes? ¿Cuáles son los galenos y las clínicas que expiden los certificados de incapacidad? ¿Es corroborada esa afirmación por las autoridades judiciales a través de una fuente médica oficial? ¿Realiza la evaluación del paciente una junta médica? Estas y otras interrogantes surgen por la frecuencia con que los acusados logran postergar su concurrencia ante los tribunales aduciendo indisposición por causas de salud.
Este hecho de aspecto dudoso en nuestra justicia, un tanto desgastada, llama la atención y contrasta además con las denuncias a diario de reos en las cárceles sometidos a la falta de libertad y a veces con enfermedades crónicas que no logran recibir la atención cuando la necesitan.
Uno de los grandes males en la aplicación de justicia en nuestra sociedad es, y ha sido siempre, la falta de equidad, de manera que pobres y ricos se sometan a las mismas reglas en iguales condiciones ante la ley.
También el Derecho como búsqueda de la verdad, debe ser tal, si se tuerce, entonces deja de serlo.
