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BOLETIN COMUNITARIO
Graves daños por incendios forestales
Antonio Pérez M.
Crítica en Línea
Más de un cuarto de millón de hectáreas de bosques, lo que equivale a más de la mitad de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, han sido consumidas por los incendios forestales que han afectado principalmente las áreas del arco seco de Azuero, la cuenca del Bayano y del Canal, además de Darién y Bocas del Toro. Estos siniestros son producidos en gran parte por las altas temperaturas que se registran durante la estación seca y también por situaciones externas provocadas por la mano del hombre. Los puntos donde ocurren son monitoreados y detectados por un moderno sistema de satélite sensor que cubre todo el área centroamericana y que registra los puntos de calor, permitiendo contar con un informe cartográfico de las áreas más propensas a los incendios. Manuel Hurtado, jefe del departamento de Protección Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), manifiesta que los incendios forestales tienen relación con la actividad agrícola que se desarrolla en Panamá, producto de la cultura de siembra del campesino que en muchos casos no guarda las proporciones necesarias para evitar situaciones lamentables. Añade que igualmente se producen de forma natural sobre todo en tiempos de sequía prolongada o muy marcada como fue el caso del fenómeno del Niño en 1998, época en que se registraron con mayor frecuencia, sobre todo en los bosques y plantaciones del Darién. Hurtado informó que otros incendios son ocasionados por aquellas personas que se dedican a la especulación de tierras, las que encienden terrenos boscosos para disponer de estos suelos para la actividad agrícola y ganadera. Manifiesta que son cuantificables los costos de un incendio que afecta de manera directa la fauna, la flora y el suelo, el que al quedar descubierto se erosiona con las consecuentes lluvias. Ello sin agregar los efectos sociales que se producen con la pérdida de fuentes de trabajo, daños a las viviendas y el aumento de inundaciones. El ingeniero de la ANAM habló igualmente de los incendios menores que se registran en matorrales y basura "producto de la irresponsabilidad de algunos ciudadanos a los que parece gustarles ver arder un herbazal", lo que representa un gran peligro para los conductores que muchas veces pierden la visibilidad, lo que puede ocasionar accidentes. Agregó que estos fuegos, sobre todo cuando se trata de basura, pueden ocasionar una intoxicación para los que respiran este humo que en muchos casos es tóxico. Para Hurtado, es importante que la autoridades tomen las medidas correspondientes y sean enérgicas a la hora de aplicar las sanciones. Los puntos rojos donde se producen con mayor frecuencia los incendios de malezas, basuras y herbazales están ubicados en las principales avenidas y carreteras de la república, como la autopista Arraiján-La Chorrera, todo lo largo de la Panamericana e incluso, las avenida internas del país. En cuanto a las acciones que ejecutará la entidad rectora del ambiente para concienciar a la población de cómo evitar o contrarrestar los incendios forestales, manifestó que ya se tiene una estrategia nacional que busca ofrecer los correctivos necesarios. " La estrategia nacional del manejo de incendios forestales constituye un marco de referencia sobre el que se trabajará en las actividades relacionadas con los incendios de los bosques sobre todo orientado a la creación de una organización a nivel nacional en la prevención y tratamiento de incendios", expresó. Indicó que en cuanto a la capacitación se ha querido orientar a la población en las áreas donde se producen los incendios con mayor frecuencia para que sea sus pobladores los que en primera instancia atiendan el siniestro, "es importante conocer la topografía del lugar donde ocurre el incendio y quién mejor que sus pobladores". En lo que se refiere a recursos humanos y logística, sostuvo que son limitados, pero se cuenta con la ayuda de organismos como la Oficina para la Prevención de Desastres de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) que donó 20 mil balboas para capacitar al personal de la institución, lo que ha permitido contar con 30 instructores bien informados. Muchos de estos funcionarios desarrollan en la actualidad un programa de orientación a los residentes de las áreas de alto riesgo de incendio forestal. La fuente expresó que más que apagar incendios desean que los ciudadanos aprendan a prevenirlos. DELITO ECOLOGICOS POR QUEMAS DE ILEGALES Muchas personas que realizan rozas y quemas desconocen que esta actividad está regulada por la Autoridad Nacional del Ambiente, contenida en el Título cuarto de la Ley Forestal donde se establecen medidas y las sanciones a los infractores. En Panamá existe un capítulo dentro de la Ley Forestal del 1 del 3 de febrero de 1994 que establece sendas disposiciones legales que buscan regular la actividad de quema. En su capítulo primero la ley establece que se hace necesario un permiso para rozar y quemar, los cuales serán expedidos por la dirección ejecutiva regional de INRENARE, hoy Autoridad Nacional del Ambiente, y también permite que los permisos de rozas y quema sean expedidos por las autoridades policiales, las que se harán responsables que las rozas se limiten al área permitida y que durante la quema se guarden las precauciones necesarias para evitar daños. En el capítulo segundo que habla de las rozas se establece que para el caso de terrenos privados con derecho de posesión y propiedad privada, no se necesitará permiso para la actividad. Ella prohíbe limpiar, socolar, rozar o talar bosques propiedad del Estado, y la infracción de estos artículos conlleva una pena de treinta días a seis meses de prisión. El capítulo tercero que habla de las quemas dispone que queda prohibido realizarlas sin permiso y en el caso de tenerlo hay que poseer el título de propiedad, avisar a los colindantes de la fecha y hora de quema, hacer ronda de un mínimo de cinco metros, contar con el personal necesario para efectuarla, entre otras disposiciones. Cuando la quema se produzca por negligencia o imprudencia, en bosques primarios propiedad del Estado u otras área rurales, el poseedor del permiso será responsable y queda obligado a indemnizar, conforme sentencia del juez competente. Si la misma acción se produce contra bosques primarios propiedad del Estado, el involucrado estará obligado a reforestar de acuerdo al estudio técnico realizado por la ANAM.
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