Hasta que el niño es llorón y lo pellizcan. Así se puede resumir la situación que enfrenta ahora la justicia panameña tras iniciarse una investigación contra un magistrado que habría aportado un diploma falso para obtener su idoneidad y ejercer la abogacía.
El funcionario de marras tendría 16 años ejerciendo funciones judiciales. Las investigaciones preliminares revelan que el supuesto diploma fue expedido por una universidad colombiana. Una denuncia anónima alertó sobre la presunta irregularidad.
El hecho es grave, porque incluye una amplia falsificación de documentos no sólo el del diploma, sino de los sellos y otros trámites que se hacen ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se trata de licenciaturas obtenidas en países extranjeros.
Sin duda que el asunto merece una amplia investigación, porque está en duda la credibilidad del sistema judicial. Ya no sólo es el cuestionamiento por la forma como los magistrados llegaron al pleno de la Corte Suprema de Justicia, ni de un magistrado acusando a sus colegas de emitir fallos sospechosos ni a otro al que le retiran la visa bajo sospecha de corrupción. Ahora se suma otro escándalo. Lo sucedido revela que se deben implementar nuevos controles para verificar la autenticidad de los diplomas emitidos tanto en universidades panameñas como extranjeras, no sólo para el ejercicio de la abogacía, sino para otras profesiones, porque también se han dado falsificación de títulos de otras carreras.