El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea los once decretos-ley aprobados durante el periodo de receso del pleno de la legislativo, a través de los poderes extraordinarios.
La acción generó una polémica legal y política entre diputados de gobierno y de oposición. Estos últimos sostenían la necesidad de impulsar una propuesta para iniciar el análisis en el pleno de lo aprobado por el Consejo de Gabinete.
Un grupo de parlamentarios opositores presentaron una propuesta-desafío a sus colegas del PRD para entrar en la revisión de lo aprobado por el presidente y sus ministros, situación que fue calificada como una "maniobra política" por el presidente de la Asamblea, Elías Castillo.
