La creación de la nueva Autoridad Nacional de Servicios Públicos como reemplazo del Ente Regulador evidencia que, todos los cambios dentro de las estructuras gubernamentales deben dejar una salida, un camino de regreso si el experimento termina por fallar.
Ante las privatizaciones del IRHE y del INTEL se lanzaron opiniones de todo tipo, hasta jubo algunas conservadoras que pedían un metódico traspaso en varias etapas para medir el desarrollo y resultados de la iniciativa.
En la actualidad la ola de las privatizaciones recorre todo el orbe. El Estado debe reducir sus dimensiones como condición que permita la aplicación de estos cambios estructurales y las aperturas. Estas acciones deben ser supervisadas por los organismos internacionales de financiamiento, cuyos personeros exigen cambios en el modelo de desarrollo establecido para cada nación: pero el objetivo de cambio en beneficio de la sociedad se ha perdido de vista.
Cuando se dieron estos cambios estaba en su cresta el proceso neoliberal y el optimismo por la generación de empleos saturaba los discursos de los defensores de esta orientación de la política económica. El punto principal de estas alocuciones era el desarrollo de los mercados en un ambiente de eficiencia, competitividad y el beneficio de la comunidad en general. Pero la realidad ha sido otra y los usuarios de los servicios de energía eléctrica y telefonía no han conocido esas presagiadas épocas de benevolencia.
El entorno ahora está configurado por dos feroces entidades, por un lado el Estado con su enajenante proceso burocrático y por el otro las megacorporaciones, favorecidas por la disminución de aquella abstracción política y por las condiciones de un mercado destinado a la multiplicación de sus riquezas a costa de los recursos de la población. Esto les convierte en una especie de grandes parásitos sociales.
Esta deformación ha tenido una profunda repercusión en la economía de los pueblos, que cada día se ven inundados de miseria y reina, en contraste con las ingentes riquezas de las poderosas minorías producidas por el esfuerzo de las grandes mayorías. Esto ha llegado a tal punto que en América Latina resurge el fantasma de la izquierda radical, que ha aprovechado el descontento para lograr el voto popular.
Por todo lo que antecede, la decisión de efectuar cambios en la estructura y funciones del Ente Regulador ha sido responsable y atinada, porque la arbitrariedad ha acorralado a todos los sectores de la sociedad, pero no como resultados de las acciones de las empresas, sino del vacío existente en materia de legislación.
La obligación asumida por el presidente Martín Torrijos de legislar por decreto, no logrará los efectos esperados si no existe la voluntad política de hacer cumplir la nueva norma que regular los servicios públicos.
Con los cambios realizados, las expectativas son grandes y el objeto principal debe ser el de frenar los exagerados aumentos en nuestras facturas. Debe cobrarse por costos y no por precios, de esta manera se frenaría el pago del agua de las hidroeléctricas al precio del petróleo.
