La Fiscalía Especial que adelanta las investigaciones de panameños envenenados con medicamentos fabricados con el tóxico dietilenglycol, ha revelado un hecho escalofriante: la Caja del Seguro Social había expedido 110 mil recetas de jarabes presuntamente producidos con ese anticongelante para coches.
Eso pone al descubierto que una cifra muy superior a los 119 panameños reconocidos oficialmente como víctimas de esa medicina mortal, se encuentran en peligro de muerte.
Habría que verificar si las instalaciones especiales que se establecieron en el año 2006 para atender a esos pacientes todavía funciona.
Una crisis de tal magnitud debe tener un adecuado seguimiento, porque en muchos casos los síntomas podrían durar meses en manifestarse.
Al mismo tiempo, el gobierno panameño debería reclamar de España y China Continental una adecuada cooperación en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.
Fueron hermanos panameños que murieron por la negligencia de empresas de esos dos países de enviar 46 barriles de un veneno para fabricar medicamentos.
Los seis millones de dólares que pagó el gobierno en concepto de indemnización a las víctimas del Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA), nunca compensará las muertes de esos panameños y de otros que conforme al paso de los meses, lamentablemente perderán la vida por una negligencia local e internacional.