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TEMAS DE ACTUALIDAD
La difícil gestión del próximo rector
Rafael Bolívar Ayala
Profesor titular
El 12 de mayo próximo, la Universidad de Panamá, escogerá al rector que deberá regir los destinos de nuestra más alta casa de estudios, tal como lo señala la norma aprobada, de manera transitoria, en 1991, pero que por múltiples circunstancias lleva ocho años de vigencia. En estos momentos seis candidatos aspiran al cargo de Rector de la Universidad de Panamá, para lo cual ya han publicitado sus aspiraciones en cenas y almuerzos. Debo añadir que todos los postulados presentan excelentes ejecutorias y merecimientos para dirigir la Casa de Octavio Méndez Pereira, sin embargo estimo que el próximo rectorado enfrentará difíciles retos que le exigirá el acopio de colaboradores de experiencia y de profundo conocimiento de la realidad universitaria. El rectorado de Gustavo García De Paredes, sus dos períodos, han sido a mi juicio, unos de los más meritorios y fructíferos en la vida universitaria. El Dr. García De Paredes llegó a la Rectoría con un respaldo abrumador de docentes, estudiantes y administrativos. Su trayectoria en la vida universitaria, así como su carrera docente-administrativa, en todos los niveles de la jerarquía de la institución, le proporcionaron al electorado universitario una impecable hoja de servicios. La labor realizada en el orden docente y académico; el enriquecimiento del patrimonio universitario con la adquisición de tierras y bienes; la instrumentación de programas innovadores que permitan presentar a la universidad con prestancia internacional y nacional; la creación de nuevas carreras y remozamiento de equipos y laboratorios, así como haber proporcionado un nuevo rostro a la universidad, con sus infraestructuras, parques, murales y vías de acceso, que es timbre de orgullo para todo universitario, representa difícil tarea de igualar o superar. Por su propia naturaleza la Universidad de Panamá es una institución sumamente compleja, precisamente por la conformación social tan heterogénea, en donde se concitan variadas corrientes ideológicas, políticas e intelectuales. Esta situación ha hecho que persistan problemas delicados que deberá enfrentar el candidato que salga electo en mayo próximo. Uno de estos problemas es, a no dudarlo, lograr la búsqueda de un consenso universitario que permita otorgar a la institución una ley que responda a los intereses y a la realidad de la Universidad de Panamá. Los mecanismos de ponderación aplicados en la elección de las autoridades; el período de tres años en el ejercicio del cargo, cuando la realidad ha demostrado hasta la saciedad que directores de Centros Regionales, decanos y aún el propio rector se ven envueltos en una campaña electoral, cuando apenas están cumpliendo el segundo año de mandato, afectando programas en ejecución; lleva a considerar seriamente la necesidad de discutir en el seno universitario un nuevo documento que reemplace la actual Ley 11 y las modificaciones introducidas por la Ley 6 de mayo de 1991. Sí el aspecto electoral urge su revisión, el Estatuto Universitario, elaborado en 1973 y desarrollado por el Decreto de Gabinete 144 de 1968, también requiere de un ordenamiento coherente y una modernización de sus aspectos más sensitivos, fundamentalmente el capítulo V, el cual hace referencia al personal docente. En diversas ocasiones se han hecho intentos de proporcionar una norma estatutaria a la comunidad universitaria sin que ello haya sido posible. Tal fue el caso en 1985 durante la gestión de Ceferino Sánchez y posteriormente en 1993, durante la celebración del Congreso Universitario, cuando la Comisión Especial presentó un anteproyecto de reformas. No obstante estas consideraciones, los universitarios no hemos podido aprobar una norma consensuada. Todos los años se introducen modificaciones. El Consejo Académico emite acuerdos, se derogan artículos y se crean Reglamentos (banco de datos y nombramientos por Resolución), que procuran actualizar el documento estatutario, sin embargo éste será uno de los grandes retos que tendrá el rector del próximo milenio: lograr una ley y un estatuto más armónico, coherente y sobre todo consensuado.
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