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CIDH condena a Panamá
Eliécer Navarro / Minerva Bethancourt
Crítica en Línea
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado panameño por el despido de 270 funcionarios a los que acusó en diciembre de 1990, de participar en un golpe policial. Los jueces estimaron que el Estado panameño violó los derechos de garantías y protección judicial, el de libertad de asociación, pero no el derecho de reunión. La CIDH condenó a Panamá al pago de los salarios caídos después de 10 años y de otros derechos laborales que correspondan reconocer según la legislación panameña, tal como lo solicitaban los demandantes. Esas sumas deberán ser canceladas en un plazo de 12 meses a partir de la notificación de la sentencia. Además se ordenó la reinstalación en sus puestos de los trabajadores. ``Si esto no fuera posible, brindar alternativas de empleo que respeten las condiciones y salarios que tenían al momento de ser despedidos'', agrega el fallo. Si el Estado no puede cumplir con esa petición, los jueces consideraron necesario el pago de una indemnización que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo, tal como lo establezcan las leyes internas. El Estado panameño deberá cancelar a cada uno de los empleados la suma de 3,000 dólares en un plazo de 90 días y al conjunto de ellos, el total de 120,000 dólares por concepto de gastos y costas derivados de todo el proceso legal. Los hechos que motivaron la demanda ocurrieron entre el 4 y 5 de diciembre de 1990, días que coincidieron con un alzamiento policial encabezado por el hoy retirado coronel Eduardo Herrera y una ola de protestas de sindicatos estatales. En su defensa ante la CIDH, el gobierno panameño aseguró que hubo un intento de golpe de Estado en conjunto con la conspiración de los dirigentes sindicales. El gobierno panameño expresó ayer su descontento por la decisión de la Corte, por estimar que ella no ha tenido en cuenta, que las medidas excepcionales adoptadas en 1990 y 1991 por el gobierno de ese entonces fueron necesarias para defender la incipiente democracia panameña y para preservar la integridad constitucional. Sin embargo, dejó constancia que en el año 1990 el Estado panameño reconoció la competencia obligatoria de la CIDH, obligándose a acatar sus decisiones, y por ende el fallo será acatado. No obstante, en un comunicado de la Cancillería, se cuestiona que los jueces no otorgaron una etapa de fijación del monto de las reparaciones, por lo que se presentará una petición de aclaración del contenido de la sentencia. Mientras, el ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, afirmó que no sabe de dónde se va a sacar el dinero, porque el presupuesto para el 2001 no contemplaba esto". En tanto Alfredo Berrocal, uno de los trabajadores despedidos, dijo que el Estado tendrá que erogar eventualmente indemnizaciones millonarias por la "testarudez y tozudez de algunos políticos que no quieren entender el derecho al trabajo". En tanto, el expresidente, Guillermo Endara dejó claro que no se arrepiente de la decisión adoptada. "Estuvieron bien despedidos" y destacó que la decisión de la CIDH, es un error que perjudicará a todos los panameños, porque los recursos para hacer efectos de esos pagos salen del Estado. Endara aseveró que los trabajadores que laboraban en entidades públicas eran un grupo de golpistas, desde mucho antes que se registrara la invasión. "Busquen el rechinchal [antecedentes] y verán que estos señores participaron en los golpes con los militares", agregó.
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