ABRACADABRA
"Delitos contra
el honor"
Carlos Guevara Mann
Hoy debe verificarse la audiencia
preliminar en que se decidirá si se da curso a la demanda por calumnia
presentada por Alma Montenegro de Fletcher contra Marcelino Rodríguez
y Michelle Lescure, de El Siglo, y la escritora Brittmarie Janson Pérez.
La audiencia será presidida por Ileana Turner Montenegro, Juez
Octava Penal del Primer Circuito Judicial.
Más adelante publicaré, en El Panamá América,
un artículo detallado sobre esta nueva arbitrariedad de la torodictadura.
Hoy, sin embargo, deseo alertar a la comunidad sobre este mismo caso de
violación a la libertad de expresión, por parte de funcionarios
al servicio de la tiranía indecente que nos sojuzga.
Esta demanda de Alma Montenegro de Fletcher se fundamenta en el artículo
escrito por Marcelino Rodríguez, en agosto pasado, que menciona a
Montenegro de Fletcher entre los catorce funcionarios públicos que,
de acuerdo con información recibida por El Siglo, habían "sido
denunciados por adquirir viviendas en las Areas Revertidas, aprovechándose
del tráfico de influencias que existe en la Autoridad de la Región
Interoceánica, "ARI" (El Siglo, 3 de agosto de 1998).
Montenegro de Fletcher, quien negó ser beneficiaria de una casa
revertida, se consideró injuriada por esta afirmación, y procedió
a demandar a Marcelino Rodríguez, a quien llamó "delincuente".
Demandó también a Michelle Lescure, Directora de El Siglo.
Cuando las autoridades conminaron al periodista Rodríguez a revelar
su fuente y éste se negó, Brittmarie Janson Pérez declaró
públicamente que fue ella quien proveyó la información
(El Siglo, 30 de septiembre de 1998).
Montenegro de Fletcher demandó entonces a la Dra. Janson.
Montenegro de Fletcher, quien ejerce la Procuraduría de la Administración,
por obra y gracia del Torodictador, a cuyos designios responde, se considera
injuriada porque se la acusó -a su criterio, infundadamente- de emplear
sus influencias para conseguir una casa revertida. Se cometió un
delito contra su "honor", aduce.
Pero el delito, cien mil veces más grave, cometido contra el honor
y la dignidad del pueblo panameño, delito que constituye la asquerosa
rebatiña que el PRD ha impulsado en las áreas "pervertidas",
ese delito tiene sin cuidado a Montenegro de Fletcher.
Ni a ella ni a ninguna otra autoridad les ha interesado investigarlo.
Hasta la fecha nadie se ha ocupado, oficialmente, de esa inmoralidad.
Se sabe que se han cometido fechorías -porque los medios nos han
advertido acerca de ellas- pero no se han investigado porque las autoridades
han obstaculizado todo intento por esclarecer el turbio panorama de las
áreas "repartidas".
Marcelino Rodríguez, por ejemplo, aún está a la
espera de que se realice la acción exhibitoria que hace cinco meses
solicitó, con el fin de comprobar públicamente a quienes ha
adjudicado casas revertidas la ARI.
Así funciona la torodictadura: con mentiras se trata de engañar
al pueblo y, a quienes descubren las mentiras, se intenta silenciar con
sobornos, chantajes, obstáculos y demandas, para lo que se manipula
chabacanamente la ley.
La conducta de Montenegro de Fletcher, por otro lado, revela el inmenso
desprecio que el PRD siente por el sistema democrático. El estilo
político cuartelario, que aplica el PRD, concibe al funcionario público
no como servidor, sino como sátrapa, a quien el pueblo debe obediencia
ciega y abyección total.
Cuando el periodista, actuando en el interés de la comunidad,
comete un error, en vez de aclarar y permitir el escrutinio público
de las acciones del gobierno, el funcionario perredista vilipendia y maltrata.
Para estos propósitos emplea todos los mecanismos que provee la ley
(ilegítimamente impuesta por el PRD), entre ellos, las dictatoriales
disposiciones sobre calumnia e injuria que, para vergüenza de la humanidad,
siguen vigentes en este país.
El PRD no tolera la verdad. Por eso, a sus propios miembros otorga indultos
al por mayor y ataca sin cesar a periodistas y escritores. Tenemos que librarnos
de esa escoria el 2 de mayo o nos van a dejar sin patria.
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