Pese a que el contralor Carlos Vallarino insiste en que la contratación de Identify Solutions Panamá, por parte del Tribunal Electoral, se realizó "sin mediar licitación pública", refrendó el documento y advirtió que la institución a su cargo está eximida de cualquier responsabilidad que del mismo se derive.
Así lo expresa el contralor Vallarino en una misiva dirigida al presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, donde asegura que se vio obligado a refrendar el documento en cumplimiento de su obligación jurídica consignada en el artículo 77 de la Ley 32 de 1984.
El contralor advierte que discrepa con el TE de que este contrato para el suministro de bienes y servicios para el nuevo sistema de identificación ciudadana, cuya inversión es de $3,695,000, era urgente, por lo que se realizó la contratación directa.
"Nuestro criterio esbozado a ustedes de no refrendo se fundamentó en el hecho evidente de que si desde el inicio de nuestras observaciones se hubiera considerado nuestro requerimiento de efectuar un acto público abierto y transparente, el mismo se hubiera podido celebrar sin ningún problema, aprovechando los procedimientos con plazos reducidos que para estos efectos dispone la Ley 22 de 28 de junio de 2006", señala el documento.
Vallarino reconoce que muchas de sus observaciones han sido subsanadas, pero resaltó que aún persisten algunas importantes como lo son, por ejemplo, la ausencia del cronograma de acciones y de tiempo que sustente el impedimento de cumplir con el mandato legal de llevar a cabo el acto público.
