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Murgas: juicio contra Panamá es una lección para los gobiernos
Redacción
Crítica en Línea
El proceso por violación de los derechos humanos que se siguió contra el Estado panameño en la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, es una lección para que los gobiernos entiendan que hay que darle oportunidad a la gente para que proteste y exprese su inconformidad, señaló el catedrático en derecho laboral, Rolando Murgas Torraza. Agregó que los gobiernos deben cuidarse mucho de "atribuir propósitos políticos a toda propuesta de los gremios del sector público" y ese es el mensaje que deben recibir con el juicio seguido a Panamá, en San José, Costa Rica. Señaló que si el fallo de la corte es condenatorio a Panamá, indudablemente que "pone en aprietos" al gobierno, porque aunque este problema no fue generado por la actual administración, debe cumplir con el dictamen de la corte. Murgas Torraza advirtió que Panamá, como país signatario de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, debe acatar la decisión que dicte la Corte en San José. Reiteró que a su juicio la destitución de unos 270 trabajadores del estado mediante la aprobación de la denominada Ley 25, fue un acto político que atentó contra los derechos básicos laborales, que permiten la libertad sindical, el derecho a huelga y el derecho a la negociación colectiva. Panamá necesita preservar su buen nombre internacional, ya que no hay que olvidar que la recuperación del Canal de Panamá se debió al apoyo y reconocimiento internacional a nuestra posición. Con la transferencia del Canal a manos panameñas, nuestro país se ha ganado una posición de respeto en la comunidad internacional, pero en esa misma medida, en caso de recibir un fallo adverso, también deben hacer frente a esa responsabilidad o de lo contrario nuestra "imagen internacional se va al suelo". Murgas Torraza lamentó que en nueve años, el Estado panameño no haya podido llegar a un acuerdo más justo con los trabajadores, porque definitivamente fueron despedidos de manera injustificada.
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Murgas Torraza lamentó que en nueve años, el Estado panameño no haya podido llegar a un acuerdo más justo con los trabajadores, porque definitivamente fueron despedidos de manera injustificada.
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