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Resolución comité arbitraje no resuelve huelga en El Salvador
Agencias
Internacionales
Un comité de arbitraje anunció el viernes su decisión sobre un contrato colectivo de trabajo en el Seguro Social de El Salvador, pero no se resolvió la huelga de miles de trabajadores iniciada en noviembre. El anuncio del comité, integrado por tres abogados, respetó en 80 por ciento el contrato, pero anuló la demanda de aumentos de 5,0 por ciento anual para los 11.000 empleados de la institución, lo que fue rechazado por dirigentes laborales. El "laudo arbitral", que regirá las relaciones en ese instituto estatal durante tres años, respetó el Fondo de Protección para los trabajadores, lo que significa la erogación anual de 25 millones de colones (2,8 millones de dólares). La directora de la institución, Vilma de Escobar, dijo en conferencia de prensa que la decisión arbitral "fue salomónica" y que la aceptaba totalmente. Sin embargo, el dirigente sindical Oscar Aguilar señaló que la medida afecta algunos de los derechos adquiridos por los trabajadores y advirtió que si no se cumple con la restitución de los 221 despedidos y el reintegro de aguinaldos y salarios descontados "estamos dispuestos a continuar" con la huelga. Escobar instó a los trabajadores a reflexionar y volver a sus labores. "El tiempo se está agotando (...) Esto no puede seguir indefinidamente". Los sindicalistas decidieron continuar con sus actividades de protesta en una asamblea general poco después del anuncio del comité de arbitraje, integrado por tres abogados en representación de los trabajadores, el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. El representante del Seguro Social, Jaime Quintanilla, dijo que el aumento salarial exigido por los trabajadores fue rechazado porque generaría "un efecto cascada" en la institución, incrementando los costos de funcionamiento. En cambio, el comité acordó crear "un bono" con 50 por ciento del salario de cada empleado que se entregaría cada enero "si se le evalúa como excelente" en su trabajo. Esta semana, el partido del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional exhortó a los trabajadores suspender la huelga y pidió que se formara una comisión mediadora integrada por delegados de la Conferencia Episcopal y de la empresa privada. Un juez laboral declaró la huelga ilegal un día después de iniciada y rechazó un recurso para que los despedidos fueran restituidos en sus labores. Los trabajadores exigían inicialmente el cumplimiento de aumentos salariales establecidos en el contrato colectivo y otras demandas sociales y laborales, como que no sean privatizados los servicios médicos de la institución.
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