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Fiscalía pide ampliar investigación de sublevación en Ecuador
Agencias
Internacionales
La fiscalía ecuatoriana pidió el viernes someter a cuatro dirigentes políticos a las investigaciones que se realizan sobre la sublevación indígena y militar que derrocó al ex presidente Jamil Mahuad. La fiscal Mariana Yépez solicitó a la Corte Suprema de Justicia se investigue por "atentado a la seguridad interna del Estado" al dirigente indígena Antonio Vargas y a Carlos Solórzano, quienes encabezaron la sublevación. Demandó que en la acción se encauce además a los destituidos diputados Paco Moncayo y René Yandún, quienes apoyaron públicamente la asonada golpista. "He percibido pública y notoriamente, como la mayoría de ecuatorianos, quienes estuvieron al frente de este acto que compromete la seguridad interior del estado (...) el señor Vargas, el doctor Solórzano y los diputados Yandún y Moncayo", agregó. Mandos medios del ejército, aliados con miles de indígenas, se sublevaron el 21 de enero contra Mahuad y se autoproclamaron "gobierno de salvación nacional". Pero un día después permitieron que el vicepresidente Gustavo Noboa, de 62 años, asumiera el poder con el apoyo de la cúpula militar, resultando arrestados los cabecillas del levantamiento. Versiones de prensa no desmentidas oficialmente han dicho que unos 300 miembros del Ejército estarían bajo investigación militar y que por lo menos 17 oficiales se encuentran detenidos en recintos castrenses de Quito. Yépez explicó que su pedido es para que el juez investigue a estas personas y que, en caso de creer necesario, emprenda acciones legales en contra de las cuatro personas. Mientras las investigaciones avanzan, las cortes militares mantienen detenidos a 17 oficiales, para quienes piden la amnistía un grupo de legisladores que simpatizan con ellos. El ministro de Gobierno (Inteior), Francisco Huerta, aclaró que la administración de Noboa no estudia una amnistía, ya que legalmente no se la podría otorgar a los militares rebelados. "Nosotros como gobierno no podemos otorgar la amnistía, podemos hasta propiciarla pero legalmente no podemos concederla", añadió. "Lo único que podría hacer el gobierno es un indulto, para lo cual requiere de una sentencia previa". "Es un tema que debe manejarse en las cortes militares y luego procesarse en el congreso", agregó el ministro. Abogados de los militares acusados han dicho que a sus defendidos se les debe imponer una pena de algunos meses de cárcel, pero no su baja o prisión por varios años. El jueves, la policía dispersó con gases lacrimógenos a unos 300 manifestantes que reclamaban la libertad de los militares detenidos. Sondeos de opinión han señalado que el 67 por ciento de los ecuatorianos rechazan el enjuiciamiento de los militares golpistas. En los últimos tres años, Ecuador ha tenido cinco presidentes. La última dictadura militar acabó en 1979. En Ecuador, los militares siempre han sido vistos como la piedra de salvación cada vez que el país caía en crisis dentro de un largo historial de turbulencias políticas.
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