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Parece que el infierno vivido hace quince días por los moradores de Paya y Púcuro tras el ataque de grupos insurgentes, que cobró la vida de cinco dirigentes indígenas, no termina.
Al menos 475 moradores de estos poblados se encuentran refugiados en la comunidad de Boca de Cupe y reclaman al gobierno el respeto de sus derechos fundamentales, un trato más humanitario, mayor atención médica y más vigilancia policial.
Una misión de la Defensoría del Pueblo que visitó los poblados en mención, reveló que los refugiados sienten temor de volver a sus viviendas, ya que han recibido amenazas de los paramilitares de volver a quemar las casas y ejecutar a quienes señalen como colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
El informe desglosa que de las 475 personas que han abandonado sus comunidades, unas 277 provienen de la comunidad de Paya, 106 personas de la comunidad de Balsal, 79 personas de Paya y 13 personas de Madugandí.
Mientras que en la alejada comunidad de Punusa se encuentran aproximadamente 174 personas en estas condiciones entre niños, mujeres y hombres de distintas edades. |
