Investigan presuntas irregularidades en arresto de Pinochet en Gran Bretaña

El nuevo giro en el caso Pinochet podría favorecer al ex general chileno. Foto Archivo



Londres
AFP

Se están investigando presuntas complicidades oficiales en el arresto del general Pinochet, quien en sus primeros cuatro días estuvo detenido ilegalmente, declaró este lunes el abogado Fernando Barros, Coordinador en Londres del Movimiento por la Reconciliación partidarios del ex Jefe de Estado chileno.

La historia fue "destapada" por Lord Lamont, quien hace unos días preguntó al gobierno británico en el Parlamento, en el tiempo destinado a las preguntas orales, qué tipo de conocimiento había tenido la "Crown Prosecution" en la presentación y curso de las dos órdenes de detención que emitió el juez español Baltasar Garzón pidiendo a los británicos el arresto del actual senador para ser extraditado a Madrid.

La Crown Prosecution corresponde al ministerio público, a la Fiscalía, y es dependiente del gobierno, en este caso, controlado por los laboristas.

El gobierno británico respondió a la pregunta de Lord Lamont afirmando que la primera orden de arresto no fue puesta en conocimiento de la Crown Prosecution, que ella solamente fue cursada por la policía británica, y que solamente cuatro días después esa Fiscalía fue puesta al corriente.

Ahora bien, la demanda de arresto para extradición emitida por Garzon y aceptada por los británicos, que se basaba en acusaciones por asesinato de españoles, "no contenía delitos extraditables" y la Crown Prosecution reconoció que "hay serias dudas sobre su legalidad", subrayó a France-Presse el Coordinador del Movimiento chileno por la Reconciliación.

Sin embargo, ese mismo día 16 --dice Barros, quien estima que forzosamente la policía tiene que haber consultado al gobierno laborista porque se trataba de detener a un ex Jefe de un Estado amigo-- los agentes de policía llegaron rudamente al hospital donde recién había sido operado el general Pinochet para notificarle que estaba arrestado.

Pero ocurrió algo peor aún, según el abogado chileno: "la Crown Prosecution reconoció haber estado implicada en la redacción de la segunda orden de arresto contra Pinochet, que se le notificó el 22 de octubre".

La Fiscalía contactó a Garzon en Madrid y le señaló que su primera orden -redactada por ese juez después de dos años de investigaciones- no contenía delitos extraditables y que había que emitir una segunda.

Garzon, entonces, y gracias a esta ayuda, redactó su segunda orden metiendo en ella delitos extraditables como el "genocidio", con lo cual se regularizó formalmente la situación de detención ilegal en la que se mantuvo cuatro días al ex presidente que tenía derecho, en realidad, a retornar a su país.

Mas grave aún, según el denunciante, la autoridad británica debía haber anulado inmediatamente el supuesto error de la policía y liberar al general chileno pero habría preferido ocultarle este hecho para ayudar a Garzon a redactar una orden con crímenes extraditables.

"La mala fe de Garzon le lleva hasta a hablar de genocidio de judíos en Chile a pesar de que hubo numerosos y destacados de entre ellos que colaboraron en altos puestos con el general Pinochet, incluso como ministros, y hasta uno de sus actuales abogados chilenos aquí en Londres es de ese origen".

"Lord Lamont ha buscado desde un comienzo estas irregularidades pero ahora "agarró la hebra" y está tirándola", precisó Barros, añadiendo: Me parece que estas revelaciones obtenidas gracias a Lord Lamont son "de extrema gravedad" porque "es grave que un organismo oficial inglés, a sabiendas de que se comete un acto ilegal contra un ex efe de Estado de un país amigo, silencia el hecho yentra en connivencia con la otra parte".

"La Crown Prosecution es la Fiscalía, representa los intereses del gobierno laborista británico y ahora está representando los intereses de la Corona española", concluyó el abogado coordinador del Movimiento de Reconciliación de los Chilenos.

 

 

 

 

 











 

La Fiscalía contactó a Garzon en Madrid y le señaló que su primera orden -redactada por ese juez después de dos años de investigaciones- no contenía delitos extraditables y que había que emitir una segunda.

 

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