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Gobierno lanza ofensiva para conseguir aprobación de reforma laboral
Agencias
Internacionales
El gobierno aceleró ayer su ofensiva para conseguir que el Congreso apruebe rápidamente una reforma laboral reclamada por los empresarios y resistida por los sindicatos peronistas opositores. El presidente Fernando de la Rúa dijo que no descartaba llamar a una consulta popular para conocer la opinión de todos los sectores sobre las reformas que, afirmó, están destinadas a crear fuentes de trabajo. "No está decidida" pero se realizará "si es necesario, (porque) consultar la opinión de la gente es importante", dijo el presidente los periodistas cuando se le consultó sobre la resistencia de los sindicatos y algunos legisladores peronistas. Los sindicatos, agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT), dicen que la reforma está destinada a recortar el poder de los dirigentes gremiales y no ayudará a reducir la desocupación, que afecta a por lo menos cuatro millones de personas. "No es un proyecto contra nadie, sino para bien de todos" afirmó el presidente y sostuvo que es necesario terminar con "el inmovilismo ante el desempleo que padecemos". Dijo que la reforma será acompañada con medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con rebajas de aportes para las que confirmen en sus puestos a los nuevos empleados que tienen en período de prueba que, según el proyecto, se ampliará de uno a seis meses. El secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, buscó enfriar el choque con el gobierno y dijo que está ahora en "la búsqueda de consensos" y agregó que los sindicalistas "no somos" enemigos del presidente. Pero el dirigente criticó a los ministros de Economía y de Trabajo a los cuales diferenció del presidente que "tiene que hacer equilibrio entre los sectores populares y los representantes del establishment económico". Daer se irritó el fin de semana cuando se lanzó la idea de la consulta popular pero con la participación de todos los sectores y no solamente de los trabajadores. También deben participar los desocupados, dijo el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. El proyecto busca la renovación total de los convenios laborales, pero le quita poder a los sindicatos permitiendo la discusión por empresas lo que no es aceptado por la central obrera. Asimismo, otorga incentivos de rebaja en los aportes sociales obligatorios, a los empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores contratados en forma ilegal. El ministro del Interior, Federico Storani, dijo que la CGT "está sola" en su oposición. "El hecho de que ahora se esté planteando la posibilidad de una consulta popular...y la negativa de la CGT a aceptarla, significa que la central obrera está sola en esta cuestión", declaró Storani. El funcionario insistió en la necesidad de "modernizar" las relaciones laborales como piden los empresarios para adecuarlas a los cambios ocurridos en el mundo. El gobierno, además, podría decidir la "desregulación" de las obras sociales sindicales que manejan miles de millones de dólares y permitir la competencia de la medicina prepaga, lo que irrita a los dirigentes gremiales. El gobierno tiene la seguridad de que el proyecto será aprobado en la cámara de diputados, donde la Alianza oficialista cuenta con el apoyo de otros sectores. Pero es probable que el Senado, controlado por el peronismo, le introduzca modificaciones, lo cual obligaría a la cámara baja a insistir en su sanción.
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