Un estado de emergencia en el sistema penitenciario panameño declararon ayer las autoridades universitarias, tras presentar una propuesta de 18 puntos a la consideración del gobierno para mejorar la crisis que atraviesan los más de 10 mil reclusos en las 22 cárceles que tiene el país.
Los sucesos que cobraron la vida de cinco adolescentes, el pasado 9 de enero, en el Centro de Cumplimiento de Menores motivaron al Instituto de Criminalística (IC) de la primera casa de estudios solicitar la creación de la Autoridad del Sistema Penitenciario, la reglamentación de la Ley 40 referente a los menores, así como la implementación de la Ley 55 sobre el funcionamiento del sistema.
El rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, y Aida Selles, directora del IC, recomendaron también la creación de una academia penitenciaria, los protocolos para casos de emergencia y una unidad de salud mental para prevenir el desgaste y el síndrome de "burn out" o prisionalización.
Las autoridades destacaron la urgente necesidad de adecuar la infraestructura y comenzar un intenso plan de resocialización en cárceles como La Joya, en la que se albergan 2,400 reclusos; La Joyita, 2,770; Colón, 1,200; David, 813; La Chorrera, 490; Tinajitas, 360; Santiago 208; y Penonomé, 189.
García de Paredes recalcó que el centro de estudios está en la disposición de formar académica y psicológicamente a nuevos custodios para corregir la improvisación y la influencia política en el nombramiento de este personal, pero dejó claro que la decisión dependerá del gobierno, porque no prepararán a profesionales a los que no se les asegure una plaza de empleo.
Dijo que, desde hace 42 años, los profesionales de criminalística de la UP han entregado un sinnúmero de informes sobre el colapso del sistema, pero siempre los han archivado los distintos gobiernos.
"Desde hace mucho tiempo hemos advertido de las cosas que están pasando hoy", indicó el rector.
Aida Selles indicó que el Ejecutivo debe acoger la recomendación de forma urgente, ya que Panamá atraviesa la peor crisis penitenciaria de su historia, mientras que Severino Mejía abogó por la inversión de mayores recursos en la prevención y en una correcta política criminológica.
