En la Asamblea Nacional de Diputados inició ayer el período de consultas para reformar el Código Minero elaborado en 1963. Las principales propuestas van encaminadas a permitir la participación de Estados extranjeros en la explotación de las concesiones e incrementar las regalías al Estado por las extracciones.
Sin embargo, la principal preocupación debe ser la afectación mínima del medio ambiente que por décadas ha sido sometido a extracciones no metálicas como la extracción de arena y otros materiales destinado a la construcción y la minería ilegal. Frente a los macroproyectos, Panamá debe establecer reglas claras y sanciones onerosas para contrarrestar los daños ecológicos que sin duda puede traer una operación de minería metálica a gran escala.
Debe haber un balance entre desarrollo y protección ambiental. Las intensas lluvias de diciembre y la afectación en la producción del agua potable, son un llamado de alerta frente al deterioro ambiental.
Las inversiones son bienvenidas, pero debe haber responsabilidad ambiental. Además las poblaciones afectadas por los proyectos mineros deben ser los principales beneficiarios de la riqueza que se genere y no los últimos en la cadena.
Hasta ahora hay casi 79 mil hectáreas del territorio panameño otorgado para las concesiones mineras metálicas, pero en la práctica sólo una funciona, pero ya hay intención de explotación de cobre en Cerro Colorado y el distrito de Donoso.
Sin duda, que habrá un "boom" de la minería metálica en Panamá, pero que esa riqueza momentánea no nos haga olvidar que debemos conservar el ambiente.