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En medio de protestas internacionales que acusan a Portugal de mantener leyes arcaicas, 17 mujeres esperan conocer el veredicto del juicio por aborto ilegal al que están siendo sometidas desde octubre. La magnitud del caso -el primero de su tipo que se produce en el marco de la Unión Europea en décadas- obligó a las autoridades judiciales a establecer una corte especial en un estadio de tenis en la pequeña localidad de Maia, en el norte del país.
Aunque la defensa ha insistido en que las procesadas -todas de origen humilde- eran adolescentes cuando quedaron embarazadas e ignoraban lo que estaban haciendo, se especula que el jurado no tomará en cuenta estas circunstancias. De ser halladas culpables, las 17 mujeres podrían enfrentar penas de hasta tres años de cárcel.
Junto a ellas está siendo juzgada una enfermera acusada de dirigir una clínica ilegal y otras 25 personas que habrían formado una red para promoverla. El aborto está prohibido en Portugal -un país de mayoría católica-, excepto en casos de violación o por estrictas razones médicas.
Desde que comenzó el proceso en Maia, grupos feministas, organizaciones de planificación familiar y parlamentarios de izquierda lo han condenado, alegando que muestra la hipocresía que rodea el tema del aborto en el país. Se cree que miles de portuguesas abortan en forma clandestina cada año. Muchas de ellas viajan a la vecina España para poder hacerlo.
Sin embargo, quienes se oponen al aborto afirman que la actual ley garantiza el derecho fundamental a la vida. Hace tres años hubo un intento por liberalizar la legislación para permitir abortar libremente durante las 10 primeras semanas de embarazo.
Sin embargo, el entonces primer ministro socialista Antonio Guterres se negó a apoyar el borrador de ley y optó por llamar a un referendo, indicando que él mismo votaría por el no. La balanza se inclinó levemente a favor de mantener las restricciones, pero debido a que muy poca gente acudió a las urnas la votación fue invalidada. |
