El gobierno de la Patria Nueva acaba de presentar su proyecto de reforma fiscal con el que se pretende aumentar las recaudaciones en 350 millones de balboas anuales.
Si bien es cierto que las reformas buscan gravar a los que más ganan, también es una realidad que los sectores profesionales verán mermados sus ingresos al tener que cotizar Seguro Social y otros tributos sobre los gastos de representación.
Hay que reconocerle al gobierno que por primera vez se adoptan medidas para ajustar al Estado y no sólo a los contribuyentes particulares.
Una reforma de salida es mal vista y sobre todo cuando se incrementan impuestos. Un tema sensitivo es el cobro de una tasa obligatoria del 2% que tendrán que pagar las empresas sobre sus ingresos gravables, sin importar que tengan pérdidas en sus operaciones.
El gobierno ha demostrado algún grado de valentía al presentar su reforma fiscal ahora y luego los ajustes a la Caja de Seguro Social. Ambas medidas generarán resquemores en la clase empresarial y ni se diga en el sector obrero.
Pero existe una realidad: muchas empresas no están pagando impuestos conforme a la renta que perciben y por ende por años los asalariados han cargado con el peso de la tributación.
No es posible que las corporaciones reciban incentivos superiores a los 200 millones de balboas y paguen un impuesto sobre la renta menor a los 180 millones de balboas.
Sin embargo, lo peligroso de la iniciativa oficial de ir eliminando los incentivos, es que se alejen las pocas inversiones que vienen a Panamá y entonces sería peor el remedio que la enfermedad.
Corresponde ahora a todos los sectores aportas ideas realistas sobre la materia y tratar de que el golpe tributario sea más llevadero para los contribuyentes.