Por segunda vez en las dos últimas décadas, un Procurador de la Nación es separado de su cargo. En los primeros años de los 90, le correspondió a Rogelio Cruz la separación de su posición como jefe del Ministerio Público y luego su juzgamiento por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora el turno fue para Ana Matilde Gómez, quien enfrenta un proceso por ordenar la intervención de los teléfonos de un fiscal denunciado por cobrar coimas al padre de una detenida. La funcionaria no tenía facultad para autorizar ese tipo de diligencia.
La separación se produce en momentos sensitivos para la justicia panameña. Hay el deseo del actual gobierno de guardar en prisión a exmandatarios de anteriores administraciones. La procuradora fue cuestionada por no acelerar las acciones del Ministerio Público en ese sentido.
Lo cierto es que ni el Ministerio Público ni el Organo Judicial pueden funcionar en base a presiones ni del gobierno ni de los poderosos, sino que las acciones deben enmarcarse en lo que indiquen las pruebas y las leyes del país.
De darse una vacante permanente en el mando del Ministerio Público debe designarse en el cargo a una figura equilibrada y con el deseo de ejercer sus funciones de manera imparcial y no con el propósito de iniciar una cacería política. La justicia es fundamental en toda democracia y tratar de manipularla a favor de uno u otro bando, sería lamentable para el país. ¡Lo quie debe contar es el imperio de la ley!
