|
La Contraloría General de la Nación ordenó la cautelación de los bienes de la Finca La Moña, propiedad del legislador perredista Miguel Bush, en el inicio de una investigación por presunta lesión patrimonial al Estado, en medio de fuertes acusaciones del legislador, quien responsabilizó directamente al titular de la entidad, Alvin Weeden, "de perseguirlo".
Funcionarios de la Contraloría, a cargo del jefe de Investigaciones Especiales de esa institución, José García, cinco unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) y otras de la Policía Nacional intervinieron los terrenos de La Moña este sábado, paralizando los trabajos de extracción de material básico para carretera por estar supuestamente suspendidos hace meses.
García y Bush sostuvieron una fuerte discusión, donde el primero dijo que actuaba por órdenes del contralor Weeden, mientras que Bush acusaba al subalterno de "corrupto y ladrón" y exigía la salida de todos los funcionarios de su propiedad, ubicada en Buena Vista, a 10 minutos de la carretera Transístmica.
De acuerdo a García, la cantera es propiedad del Ministerio de Obras Públicas y al momento de su llegada estaba funcionando y se extraía material que es propiedad del Estado, razón por la cual se ordenaba de manera inmediata la cautelación de todo lo que hay dentro de la finca por parte de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.
El funcionario dijo que evidentemente el legislador Bush ha estado sacando y vendiendo material porque lo que ahora tendrá que responder ante la D.R.P. de la Contraloría porque el permiso provisional había concluido y él continuó con la operación.
Por su parte, A pesar de la insistencia del legislador y su abogado, Víctor Almengor, en pedir que se presentara la orden de cautelación, esto no se hizo y continuaban mientras tanto, los insultos entre las partes y la exigencia del retiro de las unidades de la Policía Nacional del sitio montañoso.
Minutos antes de la llegada de Bush a su finca, las cinco unidades del SPI se retiraron en un micro bus color blanco, con el logo de la institución en sus puertas principales. Justo antes, estos funcionarios se apostaron en el paso, impidiendo el acceso de los camiones volquetes a los terrenos de la cantera.
El magistrado de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, Carlos De Bello, dijo que el contralor de la nación lo ha autorizado para que tome las medidas precautorias para evitar que se pueda seguir lesionando el patrimonio del Estado, en virtud que hay un permiso que se otorgó para la extracción de piedra en la cantera y que no está en vigor.
De Bello reiteró que la medida precautoria implica cautelar los bienes de la persona que supuestamente está lesionando el patrimonio del Estado para evitar mayores perjuicios y desconoce si la finca donde está ubicada la cantera sea propiedad del legislador Miguel Bush, por lo que iniciarán un inventario de los bienes y el nombramiento de un administrador provisional de los mismos.
La supuesta lesión patrimonial no ha sido cuantificada y las investigaciones han iniciado, agregó el magistrado.
La llegada de De Bello y de la directora general de Recursos Minerales del MICI, Francia de Sierra, con la resolución por la cual se cautelan los bienes ubicados en La Moña, se dio tres horas después de que se apersonaran al sitio los funcionarios de Contraloría y el legislador Miguel Bush.
Pedro Milay, abogado del legislador Bush, explicó que la resolución de suspensión de la actividad de minería en la finca La Moña fue recurrida a través de un recurso de apelación hacia el MICI que crea una condición suspensiva y que los funcionarios debieron llegar, elaborar un acta y llamar a los representantes de la finca para imponer una multa, pero no podían ingresar a las oficinas y llevarse documentación. |