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Resurge vieja guerra entre CD y Democracia Cristiana
Florencio Gálvez F.
Crítica en Línea
La vieja guerra política entre Cambio Democrático y la Democracia Cristiana, resurgió ayer cuando el Fiscal Electoral, Gerardo Solís recomendó al Tribunal Electoral, que levante la inmunidad parlamentaria a Ramón Martinelli, diputado del PARLACEN. En vista de que éste como tesorero del colectivo Cambio Democrático celebró un contrato con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales por servicios profesionales, acto prohibido por los artículos 150 y 152 de la Constitución Nacional. "Estamos convencidos de que el precipitado diputado del PARLACEN tomó ventaja de su influencia política dentro del Partido Cambio Democrático y celebró un contrato a título personal con una institución del Estado-IDAAN, durante una administración manejada por miembros de su propio partido político", y dentro del cual ejerce un alto cargo directivo como tesorero, precisó Solís en su solicitud dirigida al Magistrado Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral. Por su parte la Licenciada Alma Cortés, abogada del diputado del PARLACEN, Ramón Martinelli, calificó como una persecución y represalia política la opinión vertida por el Fiscal Electoral Gerardo Solís. La jurista acusó a su colega abogado Guillermo Cochez Jr. y a la Democracia Cristiana, de estar en esta campaña contra Martinelli. Señaló en forma enfática que la constitución no prevé lo denunciado contra el diputado Martineli como un delito, tras añadir que "el concepto del Fiscal es una opinión traída de los cabellos que se aparta de toda norma legal". "Pareciera que la Fiscalía Electoral está encabezando la persecución política contra los Martinelli y se ha convertido en el defensor de otros intereses que bien podrían ser investigados por otras instancias superiores, incluyendo la Asamblea Legislativa", dijo la abogada. En tanto, Guillermo A. Cochez Jr., acusador del señor Ramón Martinelli violó en forma flagrante el artículo 150 y 152 que prohibe a los legisladores celebrar contratos con las entidades estatales. Se espera que el Tribunal Electoral realice una audiencia en fecha próxima, a fin de determinar si es viable o no la petición formulada por el Fiscal Electoral, Gerardo Solís.
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