Proceso de paz en Colombia a la espera de respuesta de las FARC sobre asesinato de congresista

Bogotá
AP
Para obtener una respuesta de la guerrilla sobre el asesinato del diputado Diego Turbay Cote y seis de sus acompañantes, el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, tenía previsto trasladarse ayer a la zona distensión en el sur del país. Gómez quiere que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) definan su responsabilidad o inocencia en el crimen del presidente de la Comisión de Paz de la Cámara Baja ocurrido el 29 de diciembre, para despejar las críticas que se lanzan en contra del proceso de paz. Aunque el delegado presidencial ha manifestado su deseo de "no anticiparse" a ningún hecho, la clase política ha sostenido que el asesinato de Turbay Cote, motiva a replantear el proceso de paz con las FARC si se comprueba su autoría en la matanza. "Las FARC deben decir si fueron o no los que cometieron este hecho tan grave como fue la muerte del presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes", dijo Gómez, tras reunirse con los miembros del Frente contra la Violencia, que integran las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Mientras el jefe de la oposición liberal Horacio Serpa aseguró que "el proceso de paz no puede continuar en la forma como se ha venido desarrollando", el dirigente del oficialismo conservador Ciro Ramírez planteó que es necesario darle "un vuelco de 180 grados". Aunque el Ejército insiste que las FARC, la principal guerrilla del país, son los autores del múltiple asesinato sobre la base de una grabación que entregaron a la Fiscalía, el organismo acusador aún no emite un comunicado. Turbay Cote, su madre y otros acompañantes fueron asesinados el 29 de diciembre en una zona rural conocida como La Gallera, a unos 210 kilómetros al sur de Bogotá, cuando la comitiva en que viajaba fue interceptada por hombres armados no identificados. La entrevista de Gómez con la cúpula guerrillera se produce en un momento en que los diálogos entre el gobierno y las FARC están congelados desde el 14 de noviembre, por decisión del grupo insurgente que exige una acción contundente del Ejecutivo contra los paramilitares. La falta de avances en el proceso de paz, también ha incrementado las dudas sobre la utilidad de la zona de distensión de 42.000 kilómetros cuadrados que se cedió a la guerrilla hace dos años para facilitar unas hoy congeladas conversaciones de paz. La vigencia en el tiempo del área debe decidirse el próximo 31 de enero. La visita de Gómez a la zona de distensión contempla también tratar el tema del intercambio humanitario de soldados y policías secuestrados por la guerrilla por rebeldes presos, que se espera quede resuelto este mes.
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