PERO VAN AL DIALOGO EL 7
Gobierno y FARC, en trincheras políticas
muy distantes
Bogotá
AFP
El Gobierno del presidente
Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC, marxistas) llegan el próximo 7 de enero a un diálogo
directo con miras a una negociación de paz colocados en trincheras
políticas muy distantes.
Las FARC, el grupo insurgente más antiguo y recalcitrante de América,
ha buscado por la vía armada tomarse el poder para implantar un sistema
socialista, sueño que aún no descarta, según lo ha
advertido su líder, el septuagenario Manuel Marulanda ("Tirofijo").
Por el contrario, Pastrana, un abogado conservador de 44 años,
defiende el capitalismo y es "acusado" por las FARC de ser un
claro exponente de la economía "neoliberal".
En los cinco meses de gobierno que cumple precisamente el próximo
7 de enero, el mandatario ha golpeado duramente con su política económica
a las clases más pobres y favorecido a los más ricos, según
lo acusa el grupo insurgente.
Las críticas de las FARC contra el modelo económico de
Pastrana se sustentan principalmente en el hecho de que durante su campaña
electoral, el gobernante prometió que no crearía nuevos impuestos,
y acaba de aprobar una gravosa reforma tributaria, que pese a las críticas
del opositor Partido Liberal, logró sacar adelante en el Congreso.
En su discurso de posesión el pasado 7 de agosto, Pastrana prometió
un "modelo de desarrollo por la vida y la justicia social". "La
paz es pan", aseguró en esa oportunidad.
También aseguró que "la paz no es posible sin justicia
social", y admitió que "Colombia es una sociedad desgarrada
por las distancias sociales".
A juicio de los analistas sociales, son precisamente los profundos desequilibrios
sociales que hay en Colombia los que le han permitido a las guerrillas izquierdistas
subsistir y crecer, en la caída del comunismo.
Las FARC, que mantienen su inspiración comunista, han advertido
que así logren un acuerdo de paz con Pastrana, mantendrán
empuñadas las armas, porque según han indicado, "los
fusiles garantizarán el cumplimiento de las reformas sociales que
demandan".
Desde ya han anunciado que mantienen vigente un decálogo de reformas
sociales que hicieron público en junio de 1997, cuando el antecesor
de Pastrana, el liberal Ernesto Samper, tuvo que acceder a desmilitarizar
13,000 km del departamento del Caquetá (sur), para que las FARC liberaran
a 70 soldados que retuvieron durante nueve meses.
Esa "agenda de negociación de paz", firmada por Marulanda,
ha sido denominada por las FARC como "Plataforma para un gobierno de
reconstrucción y reconciliación nacional".
En ella plantean en primer término "una solución política
al conflicto armado", y para ello demandan un modelo de desarrollo
"con justicia social", y que "el Estado sea el principal
propietario y administrador de los sectores estratégicos".
Dentro de ese esquema proponen que el "cincuenta por ciento del
presupuesto nacional sea invertido en bienestar social y el 10% en investigación
científica".
Igualmente una "democratización del crédito, asistencia
técnica, mercadeo agropecuario y redistribución de la tierra",
además de la "explotación de los recursos naturales en
beneficio del país".
También una solución "social" al problema del
narcotráfico, renegociación de la deuda externa y una reducción
de las Fuerzas Armadas.
Ante este rosario de pretensiones para acceder a dejar atrás más
de tres décadas de sangrienta guerra, los analistas se preguntan
hasta qué punto Pastrana podrá llegar a satisfacer el "modelo
con justicia social" que exigen las FARC.
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