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Honduras pondrá en vigencia el próximo año un nuevo Código de Procedimientos Penales, que transformará profundamente el sistema de justicia penal, pese a que el gobierno no ha asignado el presupuesto que se requiere para ello, señaló la Corte Suprema ayer jueves.
"Estamos decididos plenamente a trabajar con lo que tengamos hasta llegar al 20 de febrero (próximo) para que entre en vigencia el Código", dijo en rueda de prensa el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José María Palacios.
Palacios, junto con el fiscal general, Roy Medina, la directora de Probidad (institución contralora), Selma Estrada, y otras autoridades comparecieron en rueda de prensa para hacer el anuncio, aunque lamentaron que el gobierno de Carlos Flores no haya asignado el presupuesto para poner en vigencia la reforma.
Medina demandó el "apoyo de la sociedad y de los medios de comunicación para tener un sistema de justicia confiable (..) que nos permita atraer inversiones extranjeras con todas las garantías".
El ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, declaró a la prensa el miércoles que el gobierno no tiene recursos disponibles para la reforma, a menos que se acepte aumentar los impuestos.
Por su parte, la ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, indicó que cabe la posibilidad de gestionar recursos externos para el proyecto.
Según Palacios, la puesta en vigencia del nuevo código implica la contratación de más fiscales, defensores públicos, policías e investigadores y la adaptación de salas para el desarrollo de los juicios orales (que serán una novedad en Honduras), para lo cual se requieren unos 20 millones de dólares. |
