Ya han sido presentadas las querellas ante la Asamblea Nacional de Diputados contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor. La abogada Zulay Rodríguez, detonante de la crisis fue una de las querellantes y le atribuye al magistrado la presunta comisión de delitos de Concusión y Exacción, Tráfico de Influencias, Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos y obstrucción de la Justicia.
Ahora se acabó el show mediático. Las partes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos en la Comisión de Credenciales, que deberá valorar si existen las pruebas para recomendar la apertura o no de un proceso contra Almengor.
Habrá que determinar si hubo o no delito en las denominadas reuniones en las que participó Almengor junto a personas -entre ellas la propia querellante- que propugnaban por la salida de la Procuradora Ana Matilde Gómez, separada y condenada por la Corte Suprema de Justicia.
Ese es el meollo del asunto, determinar si hubo delito contemplado en el Código Penal o se tratan de inmoralidades, conductas anti éticas o reprochables que riñen con los sanos principios procesales.
Los diputados deben abordar sin dilación el tema y presentar su informe al pleno para determinar si procede o no el inicio de las sesiones judiciales.
Todos los involucrados en todo este escándalo de dime y diretes tienen que ahora trasladar a las instancias de la Asamblea el tinglado que establecieron en los medios de comunicación y es allí donde deberán presentar sus alegatos.