El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, pidió ayer a la Asamblea reformar la ley 51 de 2009 que dicta normas para la conservación, protección y el suministro de datos de usuarios de los servicios de telecomunicaciones, popularmente bautizada hace 12 meses como "ley vidajena".
Mulino insiste que los servicios de telecomunicaciones prestados bajo la modalidad prepago o a través de líneas que no se encuentren registradas a nombre del titular del servicio, pueden ser utilizados indebidamente para llevar a cabo actividades delictivas.
"Tras doce meses de la entrada en vigencia de la ley 51, las acciones de supervisión realizadas para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en dicha normativa evidencian la necesidad de establecer medidas adicionales que posibiliten la culminación efectiva del proceso de registro de los datos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones", expresó Mulino en su exposición de motivos.
La iniciativa presentada forma parte de las acciones que pone en marcha la actual administración en su lucha frontal contra la delincuencia organizada y para garantizar la seguridad de todos los habitantes.
Según Mulino, la idea es fortalecer la verificación del cumplimiento de las disposiciones por parte de las empresas operadoras y su obligación de constituir una base actualizada de sus clientes de contrato y prepago.
Las reformas propuestas pretenden establecer medidas adicionales que posibilitan el procedimiento de registros de datos.