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Gobierno de El Salvador y huelguistas endurecen posiciones
Agencias
Internacionales
El gobierno de El Salvador y miles de trabajadores y médicos del seguro social en huelga endurecieron el martes sus posiciones y se alejaron de una pronta solución al conflicto iniciado hace siete semanas. Las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social continuaron los planes para concesionar dos hospitales a empresas privadas y anunciaron licitaciones para miles de consultas médicas e intervenciones quirúrgicas. La directora de la institución, Vilma de Escobar, dijo que "la gente que no quiere trabajar va a ser necesario sustituirla" ya que en el país "hay muchísimos médicos jóvenes que están egresando y que no tienen trabajo". El gobierno se ha negado a dialogar con los huelguistas y rechazó que la concesión de dos hospitales del seguro social, sobre los que tienen interés unas 20 empresas, implique un aumento de costos para miles de cotizantes. "No se va a cobrar a los asegurados, lo que buscamos es dar un mejor servicio" por medio de una empresa privada porque "es mucho más eficiente que un gobierno", afirmó la funcionaria en conferencia de prensa. Sin embargo, el dirigente del gremio médico René Zapata consideró que las personas más afectadas con la medida serán los asegurados con menos recursos económicos, ya que se seguirá la norma de "el que no puede pagar se va a morir". Los médicos y trabajadores en huelga, que sólo atienden emergencias en algunos hospitales del sistema, indicaron que gremios de otras dependencias estatales se unirán en enero a la protesta porque han "desenmascarado al gobierno". La huelga inició el 15 de noviembre en protesta por la negativa gubernamental a realizar aumentos de salarios contemplados en un contrato colectivo y en rechazo a los planes de privatización de los servicios hospitalarios. La falta de solución a la huelga provocó la suspensión de más de 320.000 consultas médicas y 1.173 cirugías, según datos del gobierno. El gobierno ha respondido a la protesta con el despido de 221 empleados, descuentos salariales y la retención de las bonificaciones anuales de 800 trabajadores. La huelga es la principal prueba para los primeros seis meses de gobierno del presidente Francisco Flores, quien la considera una "maniobra" para afectar a su partido en las elecciones legislativas y municipales de marzo. Los llamados a las pláticas no han calado y el gobierno rechazó incluso una gestión de mediación del arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz, un defensor de la privatización de los servicios del seguro social.
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