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Protestas genera traslado vde sede policial de Arraiján
Eva María Gutiérrez
Panamá Oeste / EPASA
Unas 50 personas realizaron ayer una marcha por las principales calles de Arraiján Cabecera, como medida de protesta por el traslado del local donde venía funcionando por más de 20 años, la estación policial del corregimiento. Dora Cosby, vocera de los manifestantes advirtió que la población arraijaneña quiere que la policía se quede en la antigua instalación que es un lugar estratégico, pues se encuentra próximo a la carretera Interamericana. La marcha fue interceptada por Jaime Barroso, alcalde de Arraiján y Vicente Magallón, legislador de Arraiján, quienes señalaron que tratarán de buscar otro terreno para ubicar a la estación policial. "El pueblo quiere seguridad, seguridad" gritaban los manifestantes a las autoridades del distrito, bajo una pertinaz lluvia, al tiempo que rechazaron la construcción de una gasolinera en el local donde laboró la estación policial. Barroso reveló que no ordenó el traslado de la estación policial y además desconoce quien ordenó el desmantelamiento y la demolición de la policía. Durante la manifestación, José Orocú, secretario del sindicato de taxis de Arraiján denunció que funcionarios y camiones municipales ayudaron a desmantelar la antigua estación. Barroso indicó que es difícil que la policía se construya nuevamente en dicha finca, pues el espacio es reducido y existe un propietario que reclama los lotes. Cosby aclaró que es necesario que las autoridades municipales agilicen los trámites de expropiación de dichas fincas donde funcionaba la policia y el cual fue emitida en octubre de 1998, por el Concejo Municipal de Arraiján. Barroso se comprometió a conversar con autoridades del Ministerio de Vivienda (MIVI) a fin que estos señalen cual es globo de terreno asignado para el Municipio de Arraiján y la policía Nacional en las áreas revertidas. Agregó que el 28 de enero de 2000 se reunirá con los manifestantes a fin de informarle que respuesta le dio el MIVI. Cabe mencionar, que la empresa Grupo A B alega ser la propietaria de las fincas donde funcionó la estación policial, por más de dos décadas.
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