El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, Rogelio Paredes, aseguró que la primera semana de enero empezarán a debatir el proyecto de ley que "establece incentivos a la industria que contraten mano de obra de los privados de libertad", como una forma de disminuir la carga social que actualmente representan para el Estado.
Indicó que el aumento del número de presos en el país hace necesario considerar la aprobación de una ley que permita convertir la carga social, económica y moral que representan los privados de libertad, en un activo de beneficio compartido para el empresaria y el detenido.
La iniciativa legislativa esta encaminada en beneficiar a los reclusos con un trabajo remunerado, pero que a su vez la inversión que se haga, sea por parte de la empresa privada.
Paredes destacó que el Estado debe formular políticas y programas para combatir la criminalidad, ya que el estudio y el trabajo deben ser promovidos entre quienes se encuentran recluidos en las cárceles.
Según estadísticas, actualmente existen cerca de 11,323 detenidos, de los cuales más del 50% no han recibido condena.
Dijo que la población penitenciaria esta compuesta por 10,548 hombres y 775 mujeres, distribuidos en 10 centros penitenciarios y 40 cárceles en todo el país. La capacidad total de los centros es de 7,348 lo que representa una sobrepoblación de aproximadamente 3,975 reos.