Los ex directores de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované y René Luciani, fueron incluidos entre las 23 personas a las cuales el procurador general de la Nación, Giusseppe Bonissi, solicitó en la vista fiscal a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el llamamiento a juicio.
Bonissi confirmó que en el listado aparecen con la petición de apertura de causa criminal por el envenenamiento masivo: Pablo Solís, ex director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud; Ángel De La Cruz Soto, dueño de la empresa MEDICOM, que compró el insumo tóxico que fue vendido a la CSS para la elaboración de los medicamentos; Alexander De La Cruz, Josefa De La Cruz Soto, ambos miembros de la junta directiva de MEDICOM; y el empresario Teófilo Gateno Hazfeit, dueño de DAVIVIENDA-FINANCREDIT, las cuales hicieron las transacciones financieras de la empresa MEDICOM.
Se pidió el llamamiento a juicio de la española Ascención Criado Martin es la propietaria de la empresa Rasfer Internacional, la cual vendió la glicerina a MEDICOM; los ex funcionarios de la CSS, Eduardo Taylor, ex jefe del Laboratorio de Control de Calidad; Linda Thomas, ex jefa del Laboratorio de Producción; el ex director Nacional de Compras y Abastos de la CSS, Alexis Zuleta; y los ex funcionarios de Farmacia de la entidad, Ignacio Torres Echeverría, Miguel Antonio Algandona, Nereida de Velásquez, Marta de Castillo y Francisco Bravo.
También están incluidos en el listado los miembros de la Junta Directiva de la CSS, Lastenia Canto, Manuel De Jesús Tajú, Guillermo Puga, Erasmo Muñoz y Roberto Valencia Lasso.
En la resolución de la vista fiscal fueron sobreseídos definitivamente: Marco Antonio Murillo y Gypsa Ávila de Burnet, como un sobreseimiento provisional a favor de José Agustín Preciado Miró y del ex director de la CSS, Rolando Villalaz.
El procurador Giusseppe Bonissi explicó que existen las pruebas y los méritos para pedir el llamamiento a juicio en la vista fiscal, la cual fue presentada a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte.
Sobre los miembros de la Junta Directiva de la CSS vinculados en el proceso, dijo que hay documentos y piezas procesales con su debido sustento probatorio que los implica en el hecho penal.
El Ministerio Público aún está a la espera de que el Instituto de Medicina Legal culmine con la investigación de los exámenes que mantienen los laboratorios.
Las víctimas mortales ascienden a 168, además de más de 2 mil afectados y el envenenamiento masivo donde hay más de 100 mil recetas de medicamentos que fueron distribuidos por la CSS.
JOVANE DICE QUE HAY "POLITICA"
El economista Juan Jované se defendió señalando que la decisión del procurador Bonissi es un hecho "político y una persecución".
"No estaba en la CSS cuando se compró el insumo y tampoco cuando se recibió, y la Corte Suprema dijo que era ilegal mi detención", recordó Jované.
También mencionó que ya fue acusado de atentar contra el Canal de Panamá una vez y ahora le emiten una solicitud de juicio en su contra.
Anunció que para hoy, miércoles, se realizará una protesta en la Procuraduría de la Nación donde solicitará la renuncia de Bonissi.
VICTIMAS COMPLACIDAS
Por su parte, Mitzila de Ciniglio, representante de las víctimas, dijo estar complacida con la vista fiscal, ya que existen los elementos necesarios y demostrados con su participación de cada uno, que no hicieron su trabajo y que no cerraron el laboratorio en su momento.
También cuestionó que los familiares no fueron atendidos por la delegada de la OEA en el tema de Derechos Humanos que estuvo visitando a Panamá.
La vista fiscal consta de tres tomos donde se sustenta cada una de las peticiones en contra de 23 personas.
Los panameños asegurados en el 2006 fueron envenenados con medicamentos como: expectorante sin azúcar, pasta al agua, difenhidramina y calamina.
