Sucedió lo previsible: una pugna entre el Ejecutivo y el Organo Judicial por el tema del proyecto de reformas a la ley de la Policía Técnica Judicial. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia acusó al mandatario Martín Torrijos, de inmiscuirse en los asuntos del poder judicial.
Por más explicaciones que brinde el gobierno sobre la reforma a la ley de la PTJ, lo que queda en el ambiente es que la iniciativa sólo buscaba remover al actual director Jaime Jácome, designado durante la administración arnulfista.
El período de Jácome vencía a fines del 2009. El único cambio introducido es permitir que la Procuraduría -en vez de la Corte- nombre y remueva al director de la PTJ, algo que no resuelve los problemas de fondo de la institución.
Si bien es cierto que en la PTJ hay una crisis, lo mismo ocurre en el seno de la Policía Nacional, donde se han detectado al componente en tumbes, narcotráfico y hasta usando los autos de la institución para la comisión de delitos.
Lo más prudente debió ser iniciar un amplio debate para modernizar a la PTJ y no una marcha a la carrera en plena época Navideña, donde algunas veces se aprueba cualquiera locura.
Ahora, la situación ha provocado un enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte, dos órganos que deben actuar en armónica coordinación, pero que hoy están cada uno en su esquina.
Asì las cosas, ahora se ha generado un conflicto innecesario que bien se pudo evitar haciendo las coordinaciones pertinentes. Es mejor actuar con la razón que con la emoción del momento.