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La obra se comunicará con el diseño del segundo puente sobre el Canal, cuyo tramo se contempla un ensanche de seis carriles de la autopista .  |
El viceministro de Vivienda, Gerardino Batista, manifestó que desconoce el caso de unas 80 familias invasoras de áreas de servidumbre del Ministerio de Obras Públicas (MOP) destinadas para el proyecto de ensanche de la autopista Arraiján - La Chorrera.
La obra se comunicará con el diseño del segundo puente sobre el canal, cuyo tramo se contempla un ensanche de seis carriles de la autopista y está previsto utilizar los terrenos invadidos por los precaristas que por muchos años han ocupado el lugar.
El grupo de invasores de los terrenos, quienes anteriormente fueron desalojados en tres ocasiones del lugar, ha solicitado al Ministerio de Vivienda (MIVI) soluciones habitacionales para una posible reubicación, para evitar cualquier acción de lanzamiento.
"Tendría que conocer el caso para emitir un juicio de manera categórica, ya que primero se debe tomar en cuenta si el proyecto va a iniciarse y si no se le tiene la ubicación a estas personas también conocer el estatus legal, porque pienso que no amerita desalojo al menos que sean invasores", expresó el funcionario.
Explicó que como se trata de un proyecto del MOP, se realiza un estudio socioeconómico de cada uno de los casos igual a lo realizado en el corredor norte en la construcción de su segunda fase y aquellas familias que quedan en la servidumbre es un compromiso del Gobierno tratar de ubicarlos en otro lugar en donde su condición no sea desmejorada.
Detalló que es un procedimiento que siempre se ha dado en todo los proyectos desarrollados por el Gobierno central, porque la intención es procurar el progreso y desarrollo al país, sin provocar detrimentos en desmejorar la condición familiar de ningún hogar.
Indicó que el MIVI realiza un estudio social económico, a través de las trabajadores sociales del Departamento de Desarrollo y Acuerdo, y dependiendo de lo que revele el informe se buscarán alternativas para solucionar la situación.
Manifestó que como es un proyecto del MOP, la entidad debe entregar las áreas dónde pasará el tramo de la carretera y se trabaja de manera coordinada con todas las demás instituciones involucradas en el proyecto.
Destacó que lo más recomendable sería la conformación de una comisión de alto nivel que se reúna periódicamente para establecer las normas a seguir, con la intención de no perjudicar a las familias ocupantes del terreno.
Por su parte, el alcalde de Arraiján, Jaime Barroso, informó que el MOP, propietario de la servidumbre, no ha solicitado aún la orden de lanzamiento, aunque está a la espera de la solicitud y de ser así se tendrá que proceder a desalojarlos.
Indicó que ha escuchado a las autoridades del MOP interesadas en buscar una solución para evitar un lanzamiento de las familias que ocupan las tierras de servidumbre, pero de lograr un acuerdo se evitará ejecutar la medida. |
