Si usted, lector amigo, sobrevuela la ciudad de Panamá en un avión y mira con detenimiento hacia los barrios de El Chorrillo, Santa Ana, San Miguel, Curundú, Pueblo Nuevo y Río Abajo, observará una cantidad numerosa de lotes vacíos, donde por años no se ha construido un solo edificio o estructura fija.
Estos espacios sólo sirven de guarida a malhechores y piedreros, para albergar uno que otro estacionamiento improvisado de carros o están cubiertos por herbazales y basureros.
Se calcula que solamente durante los años de 2004 y 2005 se demolieron más de 15 caserones de madera y mampostería en el área metropolitana, a parte de los que ya se quemaron o se desplomaron abatidos por los años y los efectos del sol y la lluvia.
¿Quiénes son los propietarios de estos bienes inmuebles que a veces resultan no localizables por las autoridades para que asuman su responsabilidad de mantener limpios esos espacios privados?
¿Cuánto pagan estos propietarios al estado por la demolición de las viviendas abandonadas? ¿Qué factores impiden la construcción de edificaciones sobre dichas fincas, servidas en su mayoría con infraestructura pública (calles, agua potable, luz eléctrica, teléfono, alcantarillado etc.)?
¿Pagan estas fincas algún impuesto al fisco durante el tiempo que se mantienen improductivas?
Mientras el centro de la ciudad parece desde el aire una zona bombardeada, por la presencia de estos espacios vacíos, hacia las afueras se está urbanizando y abriendo nuevas barriadas y locales comerciales, exigiendo inversiones cuantiosas en la dotación de facilidades.
Sobre estas fincas baldías debe dictarse una normativa especial que obligue a sus propietarios a construir para que generen rentabilidad, y además para que dejen de mantener ociosa la inversión pública en infraestructura que sirve a esos bienes.
