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La lucha del sector empresarial contra el paquete de reformas tributarias del Órgano Ejecutivo encontró su primer aliado político en el Partido Popular, que ayer hizo un llamado al gobierno para que retire la propuesta, señalando que con esta se pretende "engañar" al pueblo panameño, además de ser inoportuna.
El PP incluso invitó al pueblo a que "participe en cualquier acto de protesta pacífica frente a la posibilidad que el gobierno pretenda, al calor de las fiestas de fin de año, utilizar su mayoría legislativa a fin de aprobar esta nefasta reforma tributaria".
Los argumentos del PP fueron los mismos sustentados un día antes por la Cámara de Comercio: las reformas tendrán un efecto recesivo en la economía, carecen de elementos de equidad, harán más caro el costo de la vida y reducirá la competitividad del país, agregando que además no existe un compromiso de parte del gobierno de una utilización eficaz y provechosa de lo recaudado.
"Estas propuestas en su conjunto buscan trasladar las tareas de cobro de los impuestos al contribuyente y le confieren un poder excesivo a las autoridades de ingresos para evaluar y juzgar cuando un contribuyente paga lo adecuado en impuestos, permitiendo un márgen de discrecionalidad qeu se presta para la corrupción", manifestó el Rubén Arosemena, Presidente del PP.
El partido argumentó que la reforma golpeará a los ciudadanos con impuestos al uso de celular (15%), compra de electrodomésticos (10%), servicios de belleza (10%), servicios médicos privados (10%), encareciendo además los servicios profesionales que reciben las empresas y el ciudadano común.
"En términos claros, el gobierno pretende engañar al panameño, sacándole del bolsillo 156.4 millones mediante impuestos nuevos y, a cambio, propone dejar de cobrar 74.4 millones que ya recibe en la actualidad, quedándole un saldo a su favor de 82 millones", sentenció Arosemena, calificándo la propuesta de "demagógica".
Según el Presidente del PP, se mantendrán en la mesa del diálogo económico, siempre y cuando el gobierno respete el principio de que todas las propuestas deben ser aprobadas por consenso, y respete los llamados que ha hecho el sector empresarial. |
