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REFLEXIONES
"Una marcha en defensa del pueblo"
Carlos Christian Sánchez C.
Meses atrás, ocurrió un caso extraño en San Miguelito. Una señora de avanzada edad fue objeto de un intento de desalojo por parte de un familiar, el cual exigía su posesión sobre una vivienda. Llega la policía, el corregidor de turno y la persona que defendía sus derechos sobre la propiedad de la señora. Cuando las autoridades empezaron a sacar los muebles y pertenencias de la humilde doña, los vecinos y la gente de los alrededores se unieron para impedir tal desagravio, aunque la ley, supuestamente, facultaba el desalojo de la vivienda. Esa actitud de unidad de los ciudadanos evitó un abuso contra una persona pobre. Luego, recordé esa vez cuando una empresa de electricidad privatizada inició una serie de cortes de luz en Pedregal, específicamente San Joaquín. En una forma inusual, las autoridades permitieron que edificios enteros de apartamentos populares se quedaran sin fluido eléctrico, porque la mayoría de los habitantes de esas viviendas eran morosos. Pero no consideraron a los ciudadanos que estaban al día en sus cuentas. Muchas personas decidieron cerrar las calles de esa urbanización y se enfrentaron a las autoridades del orden, puesto que se veían afectados, por la irresponsabilidad de otros. Como dice el dicho: "Pagaban justos por pecadores". Después de 1989, nuestro país pareció transformarse nuevamente, en un "feudo" de la oclocracia. Los magnates empresariales y algunas familias acomodadas se enfocaron en desvirtuar la pujanza de la clase media en crecimiento. En los tres gobiernos de esta década que concluye en el año 2000, muchos han sido los abusos y humillaciones contra la gente que lucha por surgir, en un mundo globalizado, privatizado y explotador. El pasado gobierno del señor Ernesto Pérez Balladares se constituye en el mayor promotor de las humillaciones contra el pueblo panameño. Aunque el gobierno de Guillermo Endara fue el que inició los procesos de privatizaciones, desde 1995 comienza un fuerte programa de concesiones de los servicios públicos, en donde vemos el incremento de los costos en las tarifas de electricidad y del teléfono. Esto, aunado con el aumento del desempleo, que oscila entre un 16 a 24 por ciento, según indicadores sociales, motiva la preocupación de la comunidad. La preocupación de la sociedad panameña ante las constantes privatizaciones públicas permite un cambio de gobierno en 1999. Esto, junto con el aparente final del intento de vender el IDAAN a un consorcio extranjero, evidenció la voluntad de las clases populares que ya no soportaban la subida del costo de la vida. Recientemente, un grupo de sindicatos y asociaciones obreras panameñas anunciaron para hoy 2 de diciembre, una marcha contra los abusos de las empresas privatizadas de los servicios públicos. Quizás este sea un primer intento de movilizar a las personas que se ven afectadas por los previstos aumentos del costo de la energía eléctrica. Desde hace meses, venimos anunciando la necesidad de que el mismo pueblo panameño se motivara para defender sus derechos civiles, dentro de la nueva realidad del mundo económicamente globalizado. Aunque no soy partidario de las tendencias izquierdistas, creo conveniente apoyar esta marcha, al igual que todos esos futuros intentos de permitir que los ciudadanos panameños se agremien en frentes populares contra las privatizaciones. Eso lo aprendimos claramente con lo que vimos en las protestas de la gente de San Miguelito y de Pedregal. Evidentemente, no respaldamos a los extremismos de algunos dirigentes oportunistas de El Chorrillo, que propugnan por la sinvergüencería, la maleantería y la irresponsabilidad de no pagar las deudas pendientes. Tampoco creemos conveniente el destruir propiedades públicas y privadas, al igual que afectar a "terceros", en protestas contra el proceso de privatizaciones. A esos violadores del orden, sí les debe caer la justicia, ya que se aprovechan del dolor de la gente humilde, para ganar notoriedad y unos cuantos billetes para sus bolsillos. Apoyemos la marcha obrera, porque debemos hacernos respetar. Ya basta de las imposiciones y de las acciones arbitrarias de las empresas de electricidad, las cuales pretenden aumentar las tarifas eléctricas, después de enero del año 2000. Actuemos ahora, antes que sea demasiado tarde.
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