El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli, aseguró ayer que ante la agudización de la crisis en el Organo Judicial con la reciente cancelación de la visa al magistrados Winston Spadafora, lo recomendable sería remover a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Martinelli expresó que para tener "una tremenda corte" siempre cuestionada por supuestos actos de corrupción, lo más recomendable para el país sería nombrar a nuevos magistrados con un sistema donde sea la población la que los escoja.
En tanto, el presidente de Solidaridad, José Raúl Mulino, aseguró que lo menos que puede hacer Spadafora es renunciar a su cargo, porque no se trata de un ciudadano común y por el hecho de ser un administrador de justicia, la sanción moral es mucho más grave.
"Esto tiene una connotación internacional, porque la seguridad jurídica se deteriora", dijo.
Por su parte, Spadafora dijo que exigirá a través de la Cancillería una explicación a la Embajada de Estados Unidos, por las acusaciones de un funcionario estadounidense que sostiene que fue por actos corrupción la revocatoria de su visa para ingresar a ese país.
Spadafora consideró la medida en su contra como una "campaña y persecución política y económica" orquestada por Estados Unidos en coordinación con grupos panameños y que surge con la reciente "denuncia absurda" presentada ante la Asamblea Nacional de Diputados.
Según el magistrado Spadafora, también existen dos diarios panameños que han orquestado una persecución en su contra y presionan a través de la influencia de uno de sus afiliados a las autoridades en Washington, "para sacarlo de la Corte y también manipular la escogencia próxima de otros dos magistrados para colocar a abogados de su confianza".
Aseguró que durante el pasado enfrentó la dictadura del ex general Manuel Antonio Noriega y no se fue del país, "y menos lo haré ahora ni tampoco renunciaré a mi cargo a sabiendas que son acusaciones infundadas que no pueden probar".
Sostuvo que si Estados Unidos, no explica las razones reales de la revocatoria de su visa quedará muy mal ante el mundo, ya que no podrá comprobar las insinuaciones que han hecho contra su persona y que dañan mucho la imagen de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
Según Spadafora, la medida estadounidense pudo surgir de algún fallo adoptado en la Sala Tercera, en donde se pudo haber afectado alguna empresa norteamericana, que podría ser una de las razones de la persecución en su contra.
El magistrado admitió haber recibido hace tres días una nota de la Embajada de Estados Unidos, a través de la cual le solicitaban que enviara su pasaporte para revocarle la visa. "Curiosamente es que su visa se vencía el 18 de diciembre de 2005 y las intenciones eran clara de hacerme un daño", reveló.
Mientras, el presidente Martín Torrijos, consideró que el retiro o no otorgamiento de la visa a un ciudadano, "es una política soberana de las naciones del mundo".
El jefe del Ejecutivo sostuvo que Panamá no puede exigirle a otro Estado que justifique su política migratoria, "así como ningún otro país puede perdimos a nosotros que justifiquemos la nuestra".
Por su parte, el presidente de APEDE, Enrique de Obarrio, mostró su preocupación por la medida y solicitó al Estado panameño que ordene una investigación para esclarecer los señalamientos de corrupción formulados contra Spadafora.
Enrique Montenegro, del Frente Anticorrupción, dijo que la medida es un ejemplo para la justicia panameña que no funciona bien.
El ex contralor Rubén Darío Carles, señaló que en el caso particular de Spadafora, las distintas organizaciones de la sociedad civil han formulado señalamientos muy claros que no requieren de más evidencias.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes Araúz de Grimaldo, dijo que a pesar que la revocatoria de la visa es acto de los Estados Unidos, como parte de su programa de migración, "es lamentable que un país extranjero sancione lo que muchos grupos han denunciado".
El abogado Rogelio Cruz, dijo un país no puede hacer señalamientos a un ciudadano extranjero, sin antes comprobar que el mismo haya sido acusado o condenado por los actos denunciados.