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EDITORIAL
Espionaje y falsedad
El caso del espionaje telefónico y la falsificación de notas ordenando la intercepción de los aparatos de red fija y celulares de 117 panameños, merece una investigación profunda.
Ya el gobierno lanzó una denuncia contra el dirigente del Frente Nacional contra la Corrupción, en el que lo acusa de ser el autor del "falso" memorándum que ordenaba espiar a políticos, periodistas, sindicalistas y funcionarios. Enrique Montenegro sostiene que todo forma parte de una patraña.
La papa caliente está en manos del Ministerio Público, que debe desarrollar una investigación imparcial, permitiendo que las partes expongan sus argumentos y sin permitir ningún tipo de presión.
Los investigadores deben acopiar todas las pruebas para buscar la verdad en este caso, porque por un lado estamos frente a un caso delicado: la falsificación de un documento oficial; y por otro está en juego la privacidad de las conversaciones de los panameños.
Nadie pone en duda la necesidad que tienen los estados de utilizar la tecnología de avanzada para reprimir el narcotráfico, el lavado de dinero, los secuestros, asesinatos y el tráfico de armas. El problema es cuando se utilizan los equipos sofisticados para penetrar en la vida privada de las personas, que nada tienen que ver con actividades ilícitas.
La materia está regulada por un decreto ejecutivo, que prohíbe expresamente el espionaje político, pero lo más correcto es que el tema sea objeto de una legislación ampliamente debatida, para prevenir la tentación de escuchar los secretos de opositores.El país vive momentos graves, pero de toda dificultad se pueden extraer situaciones que signifiquen remedios para que los males que hoy nos sacudan, no vuelvan a repetirse.
Además los políticos nuestros deben entender que la democracia se fortalece, cuando se deja actuar a la justicia y cuando todos reconozcan que no se debe abusar de las ventajas del poder.
Frente al momento, lo que cabe es que la Procuraduría investigue profundamente y que la Asamblea Legislativa explore la posibilidad de adoptar una legislación lo más completa posible para evitar el espionaje político.
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PUNTO CRITICO |
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