Industriales de Honduras exigen represalias comerciales contra Nicaragua

Tegucigalpa
AP
La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) dio ayer un plazo de 24 horas al gobierno para que tome represalias comerciales contra Nicaragua, que desde diciembre de 1999 aplica un arancel del 35% a las exportaciones hondureñas. "Unas 17 empresas nacionales han perdido 61,6 millones de dólares en 11 meses por las limitaciones impuestas por Nicaragua...y esa situación no puede continuar", dijo en rueda de prensa Felipe Peraza, presidente de la ANDI. "Honduras no puede seguir recibiendo golpes de Nicaragua y, por ello, le hemos dado un plazo al gobierno para que solucione el problema. De lo contrario, el gobierno sabrá muy pronto de nosotros", afirmó Peraza. No especificó las acciones que podría adoptar la ANDI. Por su parte, el ministro de Comercio Oscar Kafati admitió que "con disposiciones recíprocas sólo se reactivarán las fricciones entre ambos estados". Informó que se reunirá de inmediato con su colega de Nicaragua, Norman Caldera, para buscar una solución al conflicto. "Recomendaré (a Caldera) que en un plazo prudencial Nicaragua reconsidere eliminar el arancel a los artículos hondureños", dijo Kafati. Nicaragua aplica desde diciembre un "impuesto patriótico" a todos los bienes procedentes de Honduras y Colombia que ingresan a ese país. Las mercaderías hondureñas están protegidas por un régimen de libre comercio en Centroamérica, que data de 1980. La balanza comercial es favorable a Honduras en unos 27,4 millones de dólares anuales con respecto a Nicaragua. Las exportaciones hondureñas a Nicaragua son de 43,6 millones al año e incluyen jabones, detergentes, puros, cigarrillos, aceites, jugos y pilas. Nicaragua importa sólo 16,1 millones anuales. Nicaragua rompió relaciones comerciales con Honduras el 1 de diciembre de 1999 porque la legislatura hondureña ratificó un tratado de delimitación marítima con Colombia, firmado en noviembre de 1986. El acuerdo reconoce la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, que Nicaragua reclama. San Andrés es controlado desde 1928 por Colombia. Según Nicaragua, el tratado reduce en 130.000 kilómetros cuadrados su plataforma continental en el Caribe. Ambos países han sometido sus diferencias al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, cuyo proceso podría concluir en cinco años
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